El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó al Poder Ejecutivo a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de sanciones económicas diarias. La medida responde a una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, ordenó al Gobierno nacional que cumpla de manera inmediata con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución establece un plazo de cinco días para ejecutar la medida, bajo la advertencia de sanciones económicas diarias por cada jornada de demora.
La cautelar fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exige la aplicación plena de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esto implica la obligación estatal de actualizar las partidas para las becas estudiantiles y concretar la recomposición salarial del 32,5% para el personal docente y no docente.
El expediente judicial tiene antecedentes. En diciembre de 2025, Cormick ya había dictado una cautelar para frenar un decreto presidencial que condicionaba el fondeo de la ley a la disponibilidad de recursos específicos. Desde entonces, el Gobierno presentó recursos para revertir la medida, incluyendo recusaciones contra los jueces y pedidos para que los integrantes de la Corte Suprema se apartaran del caso por ejercer la docencia universitaria.
En junio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos oficiales. Luego, el Ejecutivo argumentó que un acta firmada a mediados de ese mes, que otorgaba una suba salarial del 24,33% y ampliaba el presupuesto para hospitales escuela, ya satisfacía las exigencias de la ley. Los rectores del CIN desestimaron ese argumento.
A principios de septiembre, Cormick rechazó la solicitud del Gobierno para dar de baja la medida. En su escrito, el magistrado concluyó que el Estado no logró demostrar que esos ajustes salariales solucionaran el deterioro de los ingresos de la comunidad académica.
El 17 de septiembre, la mesa paritaria convocada en el Palacio Pizzurno fracasó cuando la Secretaría de Educación ofreció una suba del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Todos los sindicatos rechazaron la propuesta de forma unánime.
Como consecuencia, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) activaron un plan de lucha. Desde el lunes 21 de septiembre, las asociaciones ADUBA y APUBA iniciaron un paro escalonado de 23 días que comenzó en el Rectorado y se extenderá con asambleas y protestas por las facultades hasta el 22 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, declaró a Infobae: «No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple». Por su parte, el titular de FEDUN, Daniel Ricci, señaló que la norma cuenta con el aval del Congreso y la Justicia, y afirmó: «Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes».
La comunidad educativa convocó a la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, con epicentro frente al Palacio de Tribunales.