La Corte Suprema de Justicia revocó una cautelar que declaraba inconstitucional el DNU 70/2023 en el artículo que deroga la ley 26.377 sobre tierras rurales. La decisión, adoptada con la intervención de dos conjueces, posterga el tratamiento del decreto en la Cámara de Diputados y genera cuestionamientos internos en el tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este viernes revocar la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la ley 26.377 y elimina las restricciones a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. El fallo fue adoptado con los votos de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Horacio Pérez Curci, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La causa se originó a partir de una presentación de excombatientes de Malvinas que cuestionaban la constitucionalidad del decreto por considerar que afectaba la soberanía nacional. La Cámara Federal de La Plata les había dado la razón. La Corte sostuvo que los excombatientes no tienen legitimación para representar a todos los afectados en términos de soberanía, al no acreditar un interés directo.
Tras el fallo, la organización Árbol de Pie, con sede en el sur del país, solicitó una nueva cautelar con argumentos ambientales para que se reponga la ley 26.377. La Corte hizo lugar a esta presentación de forma interina y remitió la decisión al juez Leandro Gómez Constenla, de Bariloche, quien deberá resolver el fondo de la cuestión.
La intervención de los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci se produjo por la disidencia de Rosenkrantz, quien se opuso a tratar el tema. Barroetaveña es presidente de la Cámara de Casación y Pérez Curci preside la Cámara Federal de Mendoza. Ambos fueron seleccionados por sorteo.
El fallo de la Corte se produce en un contexto de debate legislativo. El DNU 70/2023 ya fue rechazado en el Senado y aguardaba tratamiento en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaba reunir los votos para derogarlo. Con la decisión del tribunal, la sesión fue postergada.
En paralelo, la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos, emitió un dictamen sobre el balance del Banco Central en el que señala una pérdida de US$1.023 millones en operaciones de cobertura con oro. El BCRA sostuvo que se trata del costo de un seguro contratado para protegerse de una eventual caída del precio del metal.
En el plano económico, consultoras privadas proyectan una contracción del 1,2% para el tercer trimestre, tras la caída del 0,6% en el segundo. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para Argentina.
El presidente Javier Milei ratificó el lunes a su ministro de Economía, Luis Caputo, y afirmó que ambos comparten la misma visión económica. La medida fue interpretada como un respaldo ante versiones sobre diferencias internas en el gabinete.
En el ámbito legislativo, el Gobierno enfrenta dificultades para lograr mayorías. El ministro de Economía mantiene demorados fondos comprometidos con provincias, lo que según fuentes legislativas obstaculiza acuerdos para tratar proyectos como la derogación de las PASO.
Respecto a la privatización de AySA, la licitación fue adjudicada a un consorcio integrado por Walter Román (20%), la brasileña Equipav (15%), Mauricio Filiberti (10%) y el fondo PHX Aqua (55%), constituido hace un mes y cuyos propietarios no fueron identificados públicamente. Legisladores peronistas pidieron suspender el proceso y conocer la tasación de la empresa.