Decretos y consulta popular: las alternativas que analiza Milei no son suficientes para esquivar al Congreso

Fracasada la Ley Ómnibus en Diputados y con apenas un tercio del DNU de desregulación todavía en pie, debido a impugnaciones y medidas cautelares, Javier Milei parece haber perdido sus principales apuestas para gobernar.

En este contexto, son tres los instrumentos que el Presidente posee para avanzar con sus reformas en los próximos meses: los decretos simples, los decretos de necesidad y urgencia y la consulta popular. Sin embargo, estos caminos implican serios riesgos.

En caso de que Milei decida esquivar al Congreso y castigar a los legisladores, a quienes él mismo califica de “delincuentes”, “traidores” o de “casta”, podría recurrir a la primera opción, el uso de decretos reglamentarios y decretos de necesidad y urgencia.

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Los decretos simples no alcanzan para legislar y los DNUs tienen serios inconvenientes: hay materias que no se pueden regular por esa vía, como la penal, tributaria y electoral. Pero, además, son un débil sustento para invitar a los grandes capitales a invertir: ¿Acaso pretenderá Milei privatizar Trenes Argentinos, Aysa o Aeolineas Argetina por DNU? ¿Qué empresa aceptaría invertir en una compañía estatal privatizada vía decreto, siendo que un DNU puede ser anulado por otro un tiempo después?

El decreto de necesidad y urgencia no es un instrumento que dé mucha seguridad jurídica para atraer grandes inversiones de capital al país. A fin de cuentas, sería necesario que el Congreso intervenga para darle validez y legitimidad.

El libertario necesita recrear la Ley Ómnibus, quizás con otra redacción, para así obtener después facultades delegadas. Pero necesita sí o sí que esos temas centrales de la política económica sean tratados en el Congreso de la Nación.

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La segunda opción es la consulta popular. Pero, ¿Sería suficiente para saltear al Congreso? Hay que tener en cuenta lo que dice el Artículo 40 de la Constitución Nacional: un plebiscito convocado por el Presidente tiene un resultado no vinculante. No se debe olvidar que la consulta popular es, además, una elección. Y de estos detalles que parecen simples derivan varias consecuencias.

En cuanto a la consulta o plebiscito, la Constitución Nacional establece en el Artículo 40 que puede ser vinculante, en caso de ser convocada por el Congreso, o no vinculante, cuando la convoca el presidente.

Milei debería recurrir a la segunda, a la consulta no vinculante. Pero los riesgos que conlleva son enormes.

Primero, solo puede convocar a consultas sobre temas de su propia competencia. Entonces, por ejemplo no podría usarla para impulsar una reforma impositiva o modificar el código penal. Si se excede en la consulta, podría enfrentar demandas por inconstitucionalidad y la Justicia se la podría frenar. Tampoco es seguro que los jueces electorales le permitan consultar un megaproyecto como la ley ómnibus para que la pregunta sea respondida con un simple “sí” o “no”.

Segundo problema, el costo económico y logístico que esto implica. Un plebiscito (por “sí” o por “no”) no se puede convocar de un día para otro, sino que demora semanas o meses. Lo cual abre un interrogante clave: ¿Cuál será el humor social dentro de uno o dos meses, si es que Milei decide avanzar con una consulta popular?

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¿Está Milei seguro de volver a conseguir el 56% de los votos que alcanzó en el balotaje en medio de una crisis económica más aguda, con una pérdida brutal del poder adquisitivo del salario? Es probable que obtenga menos apoyo. ¿Y qué pasa si obtiene más votos? Aún así, el resultado no es vinculante para el Congreso, es decir que no es obligatorio, por lo que deberá, sí o sí, volver a recurrir al Poder Legislativo con un proyecto de ley.

Nada garantiza que la consulta popular sea un camino seguro para que Milei pueda conseguir sus objetivos, mucho menos suficiente para esquivar al Congreso. Así, la única alternativa del primer mandatario parecer ser sentarse negociar con más flexibilidad o quedar atrapado en estos instrumentos que hoy se ven insuficientes.