Otra caja negra: en 2023, el Gobierno giró sin control más de US$1000 millones a 16 fondos fiduciarios

Los fondos fiduciarios son una caja multimillonaria que desde hace décadas los gobiernos utilizan a su gusto y sobre los que no hay prácticamente ningún control. Tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia se abrió un interrogante sobre el uso discrecional que se le podría dar a esta herramienta, que en 2023 recibió miles de millones de pesos de parte del Estado.

El Presidente confirmó que buscará eliminar por decreto algunos de estos fondos fiduciarios luego de que se frustrara la aprobación de la Ley Ómnibus que en su inciso “H” del artículo 4 establecía que el Presidente podría tener la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Según un análisis de TN del sitio Presupuesto Abierto, en 2023 el Estado Nacional les giró a 16 de estos fondos unos U$S1.037.615.477 ($858.108.000.000 millones) que se destinaron a diversas áreas: desde Infraestructura del Transporte hasta el Fondo de Integración Socio Urbana para urbanizar barrios populares. La cuestión radica en que los controles sobre estos fondos son laxos y que las revisiones que efectúa la AGN y la Sindicatura General de la Nación es a posterior de la utilización de los recursos, es decir, no se auditan en la previa sino después.

Los fondos fiduciarios (como se conoce a los fideicomisos que son públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza, pero que expertos en materia de anticorrupción y finanzas tienen en la mira por la falta de auditorías sobre el dinero que a estos se les transfiere y la manera en la que se utilizan los fondos.

Qué son los fondos fiduciarios

Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante) transfiere bienes o millonarias sumas de dinero a entidades -por lo general bancarias- (fiduciarios) para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que colocan interrogantes sobre esta regla.

En el proyecto de Ley que Milei envió al Congreso, el Presidente intenta aumentar su control sobre estos fondos y si bien advierte que podría cerrar algunos de estos, también deja la puerta abierta a crear otros. El artículo 4 marca: “Crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.

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Si se aprueba su proyecto de ley, el jefe de Estado podría usar estas cajas a discreción para emergencias económicas, catástrofes o para inyectar dinero en proyectos de particular interés. Actualmente, hay 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto de entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones.

Llamativamente, hay un fondo que incluso que el Presidente quiere fortalecer. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana, al que en 2023 el Estado le giró $10 mil millones. El artículo 338 estableció que “lo recaudado de las multas referidas en presente Sección, será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.

Para referentes de la oposición, no son transparentes los gastos que tienen los fondos fiduciarios, ni se publican las compras y contrataciones realizadas por estos y no siempre está claro que el dinero se destine al objetivo con el que fue fundado y creado al fondo.

Los fondos fiduciarios reciben dinero de impuestos, gravámenes o transferencias directas del Estado nacional. En 2023 los que más dinero recibieron de las arcas públicas son:

• Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT): en 2023 el Estado le giró $415 mil millones.
• Fondo Fiduciario PROCREAR: en 2023 el Estado le envió $102.000 millones para gastos de capital.
• Fondo Fiduciario para subsidios a consumos residenciales de gas licuado de petroleo (ley 26.020): en 2023 se le giraron $68 mil millones.
• Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP): en 2023 el Estado le entregó $19 mil millones y otros $23 mil millones para gastos de capital.
• Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: en 2023 le entregaron $16 mil millones.

En el Presupuesto 2023 del Ministerio de Economía de la Nación se distinguían 29 fideicomisos, que de acuerdo a un análisis de TN tuvieron ingresos totales por $1.46 billones, una enorme masa de dinero que en buena medida sale de las cuentas públicas: $858 mil millones corresponden a transferencias directas del Tesoro Nacional.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) realizaron auditorías sobre tan solo 15 de los fondos fiduciarios y en algunos casos fueron controles que se realizaron por única vez hace más de 10 años. Además, son escasos los documentos actuales que pueden hallarse en los registros públicos de ambos organismos.

La Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de ley para transparentar los fondos fiduciarios integrados de manera total o parcial por fondos del Estado Nacional a través de la creación del Registro Nacional de Fondos Fiduciarios como una herramienta centralizada para documentar, supervisar y divulgar información relevante sobre la existencia y gestión de fondos fiduciarios en el ámbito del Ministerio de Economía.