Ley Bases: cuáles son las seis empresas públicas que siguen en la lista para ser privatizadas

La Ley Bases que se debate en el Senado contiene un capítulo de privatizaciones que quedó bajo negociación con la oposición. De esta forma, el número de firmas estatales terminó acotándose. De 41 compañías que figuraban en el listado original, quedaron solo seis compañías proclives de pasar al sector privado.

Se tratan de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Ferrocarriles).

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El proyecto original contenía 41 compañías susceptibles a quedar fuera del sector público. Sin embargo, cuando llegó a la Cámara de Diputados la lista se acortó a nueve.

Tras ello, este miércoles se determinó que la cantidad de empresas que podrán ser privatizadas, si se aprueba la ley, serán seis. Fuera del debate quedaron: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo.

Por otra parte, se acordó que el Gobierno no podrá disolver ningún organismo vinculado con la cultura. Previamente, ese habían exceptuado al CONICET, la ANMAT, el INPI, el INCAA, el ENACOM, la CONAE, el INCUCAI y el INTA, entre otros.

Por el lado de la Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares Atucha I y II y la central Embalse, y el Yacimiento Carboníferos De Río Turbio (YCRT), polo exportador y energético, el oficialismo había propuesto que estas dos empresas podrán únicamente “organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”. Hasta el momento, este planteo no se modificó.

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El anuncio sobre el recorte de compañías estatales sujetas a privatizaciones lo hizo el senador oficialista Bartolomé Abdala, quien tuvo a su cargo la lectura inicial del proyecto. Este capítulo de la ley era uno de los puntos que generaban mayor rechazo dentro de los sectores dialoguistas.

Asimismo, se concedió ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas. El examen de la AGN deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.