Resistida por algunos y defendida por otros, la ley de Etiquetado Frontal estaría en la mira del Gobierno de Javier Milei, que buscaría —según varias versiones— alternativas a esa norma que van desde modificar el tamaño de las etiquetas hasta derogar definitivamente esa norma impulsada por el kirchnerismo, durante la gestión de Alberto Fernández.
Si bien en un principio la ley 7.642 de Promoción de la Alimentación Saludable en 2022 fue rechazada por el sector empresario, la imagen de los octógonos negros en los envases de diferentes alimentos ya se volvió una imagen habitual y en algunos casos modificó los hábitos de consumo de gran parte de la población.
Etiquetado Frontal: el Pro busca eliminarlo, con un proyecto en Diputados
Sin embargo, en el ministerio que comanda Federico Sturzenegger están evaluando alternativas, que van desde la derogación de esa norma o bien modificaciones para reducir el tamaño de los octógonos.
Es que, para el Gobierno, «se trata de una regulación excesiva e innecesaria» y «busca la manera de terminar con esa norma».
Se trata de una iniciativa de un diputado del PRO, Alejandro Bongiovani, que considera que el proyecto de etiquetado frontal fue «impuesto por el Estado» y que representa «un caso de intervencionismo estatal excesivo en las actividades económicas privadas, dado que limita la libertad de las empresas para comercializar sus productos según sus criterios y necesidades de mercado».
Según el diputado, la ley «coarta la libertad de los consumidores para decidir qué productos comprar», y considera que «en una sociedad que valora la autonomía individual, este tipo de intervenciones debería reducirse al mínimo necesario en lugar de maximizarse como en este caso».
En los fundamentos, Bongiovani afirmó que «en una sociedad donde prevalecen los acuerdos voluntarios, la demanda por una alimentación saludable da lugar a empresas que la proveen y asociaciones de consumidores que velan por ella no a un Gran Hermano que busque controlar qué come la población, a través de leyes de etiquetado o documentos como las ‘Guías alimentarias para la población argentina'».
Para el diputado del PRO, el cumplimiento de los requisitos de etiquetado frontal «ha generado y continúa generando costos adicionales para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), que no siempre tienen los recursos financieros ni logísticos para adaptarse a las nuevas regulaciones».
Además, para justificar la derogación, Bongiovani advierte que «esto puede derivar en pérdida de competitividad frente a productos importados o grandes corporaciones que, debido a su escala, pueden absorber más fácilmente dichos costos» y considera que la medida «incrementa la burocracia y carga administrativa para hacer cumplir la ley, lo que encarece aún más el proceso productivo».
De acuerdo a su opinión, el etiquetado frontal también «afecta negativamente a los consumidores, porque subestima su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su alimentación», y sostiene que este enfoque de «sobreprotección implica que el Estado debe actuar como un tutor que define qué es lo mejor para la sociedad, en lugar de confiar en la educación y la libre elección. Este paternalismo no solo limita la libertad de elección, sino que promueve una cultura de dependencia hacia el Estado en lugar de fomentar la responsabilidad individual en las decisiones de consumo».
De todos modos, y para que se apruebe, el proyecto debería tratarse antes del 20 de noviembre, cuando concluye el plazo para que las comisiones emitan dictamen.
Por ahora, no hay un proyecto del Poder Ejecutivo, pero no se descarta que en las próximas semanas haya novedades en torno a la modificación de esta norma.
Octógonos en los alimentos: ¿qué dicen los especialistas?
«Vemos con gran preocupación este proyecto de ley y destacamos principalmente que sus fundamentos no están respaldados por datos comprobables, abundan en supuestos sin justificación alguna y no abordan la importancia de la malnutrición en nuestro país y su relevancia como problemática de salud pública», afirmó a iProfesional, Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), al ser consultada sobre la iniciativa que se presentó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.
Para la especialista, «es necesario recordar los aspectos centrales sobre esta ley: por un lado, durante su sanción distintos bloques lo apoyaron y promovieron su aprobación y fue producto de un amplio debate en ambas cámaras con participación de todos los sectores. Por otro lado, es una ley basada en evidencia científica y evaluaciones de impacto realizadas en países con normativas similares».
Guarnieri destaca además que la ley actual permite a los consumidores «elegir libremente, ya que provee información para tomar decisiones informadas. Si bien es necesario realizar más estudios que permitan ver el impacto de la ley en su conjunto, actualmente ya contamos con investigaciones realizadas por UNICEF y FIC Argentina que muestran cambios en la intención de compra de productos como bebidas, yogures y galletitas, luego de la sanción de la ley».
¿La ley de Etiquetado Frontal funcionó?
Desde la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N.º 27.642, que establece el uso del etiquetado frontal en alimentos y bebidas en Argentina, se comenzaron a notar cambios en los hábitos de compra de la población.
Un estudio realizado en agosto de 2023 publicado en la revista San examinó cómo los consumidores perciben y reaccionan ante los sellos de advertencia en productos ultraprocesados para evaluar si la normativa está logrando reducir el consumo de opciones menos saludables.
Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados, principalmente mujeres entre 25 y 34 años con estudios universitarios, conoce el etiquetado frontal: el 98.5% reconocía esta herramienta y el 94.1% entendía los sellos de advertencia, considerándolos importantes en un 85.7%.
Respecto a los patrones de compra, el 86.1% de los participantes continúa adquiriendo productos con etiquetado frontal, pero un 44.3% afirmó haber dejado de comprar ciertos productos al ver los sellos de advertencia.
Además, entre los hogares con hijos menores de 16 años, el 74.4% de los padres comentó que sus hijos piden alimentos con estos sellos, destacándose productos como galletitas, yogures y dulces.
Estos datos reflejan que, aunque el etiquetado frontal influyó en las decisiones de compra, factores como las preferencias familiares también desempeñan un papel importante en las elecciones alimenticias.
¿Qué dice el proyecto?
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:
Derogación de la ley de Etiquetado Frontal:
- ARTÍCULO 1°: Deróganse la Ley Nacional N.º 27.642, los Decretos N.º 782/21, 151/22, 2673/22, 6924/22, 362/23 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias.
- ARTÍCULO 2°: Invítase a las provincias a adherir a la presente ley, invitando también a estas a que oportunamente deroguen la normativa por ellas sancionada en virtud de la legislación citada en el artículo 1º de esta ley.