CÓRDOBA.- Con el tiempo jugándoles en contra, los gobernadores redoblan la presión sobre el presidente Javier Milei para que atienda sus reclamos y se incluyan en el proyecto de presupuesto 2025. Los mandatarios cruzaron mensajes todo el fin de semana. Hace meses que vienen demorando el “plantarse” para que la Casa Rosada les de respuestas positivas y no encuentran una estrategia que no les signifique un alto costo político. Apuestan ahora al dictamen propio para el presupuesto de Pro, la UCR y Encuentro Federal. Hasta hoy ese es el clima que impera, pero nadie -en función de las experiencias acumuladas- se anima a asegurar que los gobernadores vayan a avanzar.
Mandatarios de Pro sostienen que esta vez Mauricio Macri “habilitó” que si no se atiende el pedido de sus gobernadores, no se acompañe a La Libertad Avance con el presupuesto. “Llegó el momento de ponerse de pie”, repiten. No es la primera vez que lo dicen pero, llegado el momento, algunos se desmarcan y el oficialismo se impone.
En ese punto, enfatizan que hay que “mirar” a “otros dialoguistas” que “arreglan por su lado”. La referencia es a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqua (Misiones) e incluso al santiagueño Gerardo Zamora.
“Esta es la oportunidad para fijar un límite -dice un mandatario de Pro-. Otra vez volvieron a dejar sin efecto todo lo que veníamos conversando”. Al menos desde fines de marzo vienen insistiendo en eso, aunque enfatizan que “llegaron hasta acá”. Hay una instancia previa al tratamiento del presupuesto: la posibilidad de “voltearle” a Economía la posibilidad de renegociar deuda sin pasar por el Congreso.
Esa facultad le interesa más a Milei que contar con un presupuesto. De hecho, el Presidente -como ya contó LA NACION- ya le había hecho llegar a los gobernadores el “mensaje” de que no le incomodaba seguir reconduciendo el del 2023 y convertirse en el primero en hacerlo durante dos años seguido. La estrategia es la que viene, también, repitiendo hasta acá: responsabilizar a la oposición de no dejarlo hacer.
El rechazo a todo lo que reclaman los gobernadores terminó abriendo las puertas a que haya una sesión de Diputados el jueves próximo con el mismo temario de la que no pudo realizarse el martes pasado, el DNU del canje de deuda.
La reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocada de “urgencia”, terminó sin nada concreto, sí con la decisión de seguir negociando para encontrar un camino de presión directa. En el encuentro insistieron con la pérdida de recursos que registraron este año y con que Nación se queda con una porción mayor de los no coparticipables. Hubo ausencias (participaron 18), ni una foto y apenas una declaración del chubutense Ignacio Torres.
Tanto los diez de la UCR y Pro, como los otros “dialoguistas”, hace meses que vienen advirtiendo a la Casa Rosada que no están dispuestos a seguir acompañando si no les reintegran lo que les corresponde por ley. En ese reclamo figuran las transferencias a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Esos dos puntos tienen fundamento legal y, en el caso del primero, hay incluso presentaciones en la Corte Suprema de Justicia.
Los de Pro y la UCR agregaron otros tres: la coparticipación del impuesto a los combustibles; la distribución equitativa del remanente Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y uno vinculado a una reforma instrumentada por los libertarios: reducir los aportes que iban a la exAFIP ya que la estructura que la reemplaza es más chica. Los gobernadores de los otros partidos también coinciden con ese pedido.
El ministro Luis Caputo le bajó el pulgar a todo el paquete. Quiere, además, que el régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias se incluya en el presupuesto. Los gobernadores dudan de esa propuesta y creen que Nación terminará haciendo lo mismo que con las transferencias de obras públicas: asumir compromisos y no cumplirlos, dicen.
Sin mayores distinciones de pertenencia partidaria, los gobernadores piden la descentralización de partidas específicas, como es el caso del impuesto a los combustibles que quieren que sea distribuido para cubrir gastos en áreas como educación y salud. En síntesis, reclaman debatir los aspectos necesarios para “alinear los presupuestos provinciales con la proyección fiscal dinámica sugerida por el Gobierno Nacional y el cumplimiento de fallos judiciales, en pos de mejorar la calidad institucional y evitar conflictos financieros entre Nación y provincias”.
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