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Caso María Cash: la Fiscalía «depuró» el expediente de pistas falsas y reabrió la investigación

La Fiscalía de Distrito de Salta decidió retomar la investigación por la desaparición de la diseñadora María Cash, quien fue vista por última vez hace trece años en esa provincia. De esa manera, el organismo judicial llevó a cabo una «depuración» del expediente para eliminar pistas falsas, mientras que la Justicia Federal citó a declarar a siete testigos clave vinculados a los momentos previos al hecho.

La decisión fue tomada por pedido del fiscal general Eduardo Villalba. Según explicaron desde la Fiscalía, antes de reabrir la investigación, se llevó una etapa previa donde se «depuró» la causa para eliminar «cientos de pistas que llegaron desde distintos puntos del país e incluso del exterior», a raíz de la recompensa ofrecida de 5 millones de pesos por información sobre el paradero de la joven que en ese momento tenía 29 años.

A 13 años de la desaparición de María Cash, se reactivó la investigación en Salta

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La tarea, que demandó «varios meses» de trabajo, estuvo a cargo de una mesa interdisciplinaria conformada por integrantes del Cuerpo de Investigación Fiscal dependiente del Ministerio Público Fiscal de la provincia y de Gendarmería Nacional, todo ello en el marco del trabajo en cooperación promovido por el Código Procesal Penal Federal.

El gabinete estudió más de cien expedientes con un volumen de aproximado 26.400 informes. Se trata de actuaciones que se iniciaron a raíz de «miles de llamados» realizados por personas que dijeron haber visto a Cash o que dieron pistas de dónde podría estar.

María Cash fue vista por última vez el 8 de julio de 2011, a los 29 años.

A partir del análisis de esos reportes, los agentes establecieron contradicciones y falsedades de parte de varios testigos, quienes aportaron información en un inicio y habrían desvirtuado la dirección de las investigaciones, «motivados principalmente por la posibilidad de acceder al pago de la recompensa».

Una vez que el expediente fue «saneado», la Fiscalía consideró necesario volver al minuto cero de la desaparición de la joven con el objetivo de «poder reencausar la investigación». En ese sentido, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, citó a siete testigos que, ya sea directa o indirectamente, vieron o tuvieron contacto con Cash. Además, desde el organismo judicial aseguraron que «surgieron elementos que robustecen una línea de sospecha que podría darle un giro al caso».

La desaparición de María Cash

La joven porteña fue vista por última vez hace más de trece años, tras salir desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo. El jueves 7 de julio de 2011 estuvo en la guardia del hospital San Bernardo de Salta, aunque se fue antes de ser atendida, y envió un mail a su familia pidiendo el contacto de una conocida que vivía en la localidad norteña.

Luego, en la mañana de ese mismo día, personal del peaje AUNOR encontró su mochila, mientras que al mediodía un remisero informó que la había trasladado del barrio Portezuelo, cercano al sanatorio, hasta el acceso a la capital salteña. Al otro día, el 8 de julio, Cash tocó la puerta de una vecina, en la avenida Tavella, en la misma zona de acceso a la ciudad, para pedir asilo, pero no lo consiguió.

Luego, fue vista por dos empleados de una estación de servicio ubicada en la rotonda de Torzalito, en la ciudad salteña de General Güemes. A uno de ellos le indicó que no estaba alterada ni perdida. Posteriormente, a las 16:30, un camionero la vio hacer dedo en la ruta 9/34, la levantó y la trasladó hasta una gruta de la Difunta Correa. Ese es el último registro que los investigadores tienen de ella.

La desaparición de Cash se convirtió en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años y tomó intervención la Justicia Federal, ya que había indicios de que podría estar encuadrado dentro del delito de trata de personas, tal como sucedió recientemente con Loan Peña, el niño correntino. En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó el pasado enero a $5 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre la diseñadora.

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