Despidos y precarización laboral en el Estado
El gobierno eliminó 34.000 puestos de trabajo en el Estado desde que asumió, amenaza con eliminar más puestos del Ministerio de Justicia y crece la tensión por el vencimiento de 50.000 contratos a fin de año. Estas decisiones, justificadas como medidas de ahorro, dejan a miles de familias sin sustento en un contexto de aumentos de precios y desempleo.
Es un hecho ocultado por todos los gobiernos que el Estado es el primer empleador en negro desde hace décadas, con contratos basura, salarios de pobreza y la amenaza constante de despido. Por esa razón existe hace muchos años el doble empleo en el Estado, trabajadores que tienen que buscarse otro trabajo para subsistir. Este año el castigo fue además mantener los bajos salarios prácticamente congelados. Es la precariedad de muchos trabajadores estatales la que aprovecha el gobierno para despedir. Desmantela sectores del Estado especialmente orientados a beneficios sociales. No le pone fin a los salarios suntuosos como los del alto personal del Estado, el gobierno y sus familiares, eso no.
Ahora sumaron la implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) y los «exámenes de idoneidad», que condicionan la continuidad laboral de empleados con décadas de experiencia, son una muestra del hostigamiento hacia los trabajadores. Buscan instalar un clima de miedo y sumisión en el ámbito laboral. La disposición surgió a través de la Ley Bases, una evaluación obligatoria destinada al ingreso en el Estado, no a trabajadores que ya ingresaron hace añares. No solo es la extorsión de rendir un examen si se quiere ver renovado su contrato, más la «arbitrariedad» con la que se manejó el gobierno, es ilegal.
La Ley Bases está fuertemente cuestionada por el caso del senador Kueider, encontrado con más de 200.000 dólares no declarados en Paraguay y uno de los votos que hicieron su posible y ajustado resultado a favor. Los diputados del Frente de Izquierda vienen exigiendo la anulación y en este marco presentaron un proyecto de Ley para anular los mal llamados “exámenes de idoneidad”.
Una economía que castiga a los sectores populares
La realidad económica es desoladora: la mitad de los trabajadores en el país https://www.laizquierdadiario.com/Trabajadores-pobres-la-mitad-de-los-asalariados-gana-menos-de-500-000″>gana menos de 500.000 pesos mensuales, muy por debajo de la canasta básica. Se destruyeron 200 mil puestos de trabajo registrados. Volvieron a atacar a los jubilados.
Paralelamente, el nivel de indigencia entre los jóvenes alcanza el 24,5%, evidenciando cómo esta crisis golpea especialmente a los más vulnerables. Además, la inseguridad alimentaria afecta a una proporción significativa de la población, la mayoría de los jóvenes y nenes son pobres. Las jubilaciones y los salarios perdieron poder adquisitivo, los alquileres, el costo de los alimentos y los servicios esquilman los ingresos de los hogares.
En contraste, los grandes grupos económicos disfrutan de un «verano financiero», con enormes beneficios que contrastan fuertemente con el ajuste que se aplica a las clases trabajadoras. En el primer semestre del año las grandes empresas que cotizan en Bolsa quintuplicaron sus ganancias. Petroleras, energéticas, bancos, farmacéuticas incluso las incrementaron aún más. En este primer año de gobierno de Milei hubo ganadores y perdedores.
La estigmatización de los trabajadores estatales, los desocupados, los inmigrantes son la cabeza de turco, un nuevo intento de enfrentar pobres contra pobres. La estigmatización sobre los sectores más vulnerables es la antesala de la coerción y de la represión si es que no se acata, si es que se la deja pasar impune.
Patricia Bullrich lanzó hace pocos días un operativo en el norte del país con la justificación de perseguir a los «narcotraficantes». Mientras Kueider está en una cárcel de lujo, la Gendarmería asesinó a sangre fría en Salta a un trabajador como cuentan sus familiares, Fernando Martín Gómez, un bagayero de 27 años con tres hijos, que subsisten vendiendo en la calle. Un operativo de varias fuerzas desató una brutal represión contra la gente que fue a reclamar por el cuerpo de su compañero.
El gobierno busca distraer con discursos divisivos también para tapar sus pactos con la casta del Congreso –no solo macristas, radicales y también peronistas «con peluca», gobernadores, y las conducciones sindicales fueron claves como dadores de gobernabilidad. El caso Kueider no fue una excepción para lograr la aprobación de la Ley Bases y todo tipo de decretos a favor del empresariado.
Resulta irónica –para decir lo menos– la verborragia mileísta de que «no hay plata» para anunciar el recorte de los remedios a los jubilados hace un par de semanas. Eso es corrupto, lo mismo que el presupuesto estudiantil, de la salud… pero choca de frente con el festín de los grupos económicos, los banquetes con el gobierno bancando miles de dólares la entrada y ahora los veraneos en Miami. Si esto no es la casta.
Una alternativa desde la lucha
El primer año de gobierno de Milei deja en evidencia que su «cambio» no es más que una profundización del ajuste y los privilegios para unos pocos. Aunque no pudo avanzar como pretendía pero su plan está en el comienzo y pretende avanzar.
Los que dicen que hay que esperar al 2027, o al 2025, no sopesan que ya no es una opción. Es apostar a que esperemos poder votar al peronismo, a que el gobierno siga avanzando sobre nuestras espladas, un año más y después dos más. Mientras tanto, la ausencia de democracia en las organizaciones de trabajadores, la falta de canales de representación para la consulta de las bases, las divisiones entre trabajadores por intereses ajenos, son un freno hasta para impedir las peores injusticias.
La resistencia al gobierno de ultaderecha fue desde el primer día, y extendida, en todo el país, a pesar de las conducciones. Además de la gran participación, siempre existió una gran oposición a este gobierno que se mantuvo y se agudizó. Frente a los ataques del gobierno, se expresó en distintos momentos y lugares la tradición combativa de trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Los movilizaciones que convocó la CGT al inicio del gobierno fueron masivas, o por la defensa de la educación también. La crueldad del gobierno con los sectores más vulnerables es una marca que interpela sobre hacia dónde va.
Frente a este panorama, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se posiciona como una alternativa de resistencia en las calles y en la acción parlamentaria. En la organización en los lugares de trabajo y estudio, en las barriadas populares. El FIT busca convocar a trabajadores, estudiantes y sectores populares para enfrentar estas políticas y en la perspectiva de derrotar el plan de Milei.
Contra la represión asesina y el ajuste, seamos miles en Plaza de Mayo viernes 20/12 a las 16:30 hs.