La suerte de documentos de más de 200 años de antigüedad parece estar echada y, según fuentes consultadas por Infobae Perú, su destino sería la calle. La destitución de Nicolás Díaz Sánchez como jefe institucional del Archivo General de la Nación por parte del Ministerio de Cultura solo sería un movimiento más para “facilitar” la salida del AGN de su sede en el sótano del Palacio de Justicia.
Una resolución emitida el 30 de octubre del año 2024 por el 29° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Jorge Abdon Gonzáles Broncano; a la que pudimos tener acceso, notificó al AGN que se le da un último plazo hasta el viernes 31 de enero para cumplir con lo exigido por el Poder Judicial: la entrega del “área de 2,074.00 m2 correspondiente al primer piso y el área de 3,041.00 m2 correspondiente al sótano que a la fecha vienen ocupando dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de Justicia”.
Como se recuerda, la designación de Nicolás Díaz como jefe del AGN se hizo oficial apenas unos días antes de la notificación, el 4 de octubre del 2024; luego de un periodo turbulento en el que su predecesor, Ricardo Moreau, contrató los servicios de un almacén industrial en el Callao para albergar documentos históricos y dar cumplimiento con la medida judicial.
Durante el 2024, Infobae Perú reportó que el plazo de desalojo -estimado inicialmente para finales diciembre de ese año- fue propuesto por el ahora ex jefe institucional del AGN, Ricardo Moreau, en una reunión en el Palacio de Justicia con el entonces presidente del PJ, Javier Arévalo; y la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.
Sin embargo, Nicolás Díaz no pretendía seguir con las acciones de Moreau para trasladar los archivos de la sede del Palacio de Justicia al almacén del Callao. Todo lo contrario. Los documentos, que fueron llevados a finales de septiembre del 2024 a esta denominada “sede temporal Callao”, fueron retornados a la administración del AGN y el contrato con el Consorcio Transel -encargado del traslado- fue resuelto.
¿Cuál era el siguiente objetivo? Durante una conversación exclusiva con Infobae Perú antes de dejar su cargo, el 17 de enero, Díaz Sánchez afirmó que no se pagó un sol extra al Consorcio Transel, y que su intención era negociar con el Poder Judicial y su nueva presidenta, Janet Tello, una prórroga adicional en el plazo de salida del AGN de forma que el patrimonio documental del país no se vea afectado y, de ser posible, este pueda darse una vez que el Archivo General de la Nación tenga una sede permanente en Pueblo Libre; aunque el proyecto está congelado por el Ministerio de Cultura desde hace casi 20 años.
En la misma entrevista, Díaz Sánchez también afirmó que la construcción de la sede permanente del AGN está a cargo del Ministerio de Cultura, específicamente de la ‘Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales’ y que, a razón de una transferencia reciente de S/ 50 millones adicionales para el presupuesto de la obra, actualmente el costo total de este proyecto es de S/ 435 millones.
Sin embargo, mientras que Díaz Sánchez indicaba que estaba gestionando la posibilidad de contar con más tiempo para hacer la mudanza, al mismo día y hora, el 17 de enero del 2025 a las 10:00 a.m.; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el ministro de Cultura, Fabricio Valencia; se reunían en privado con sus respectivos equipos técnicos para decidir la suerte del Archivo General de la Nación. Díaz no tenía conocimiento sobre este encuentro y tampoco fue invitado.
Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva al acta de la reunión entre el ministro Valencia y la presidenta Tello. En ella se puede leer cómo incluso el titular del Mincul acepta tener conocimiento sobre que el AGN no tiene un espacio y “sugiere que la desocupación se pueda hacer de manera progresiva”.
Sin embargo, la presidenta del Poder Judicial y el jefe de la Oficina de Administración, Javier Romero, insistieron en que ya se puede iniciar un desalojo parcial de una llamada “área administrativa” que ocupa 2.000 metros cuadrados de los 5.000 que abarca toda la extensión del AGN. El ministro Valencia indicó que esta propuesta “es factible”.
El acta de la reunión también indicó que se propuso que los documentos que sean desalojados del sótano del Palacio de Justicia podrían ser trasladados a un “espacio amplio” en la sede del Museo de la Nación -la actual sede del Ministerio de Cultura-. Sin embargo, no se indicó si este espacio tenía las condiciones adecuadas para albergar temporalmente parte del archivo histórico del país.
Fuentes de Infobae Perú indican que el espacio al que se refirió Jessie Trevejo Núñez, directora del Centro de Investigaciones Judiciales del PJ, podrían en realidad ser varios. Durante su gestión, el ahora ex titular del AGN y el ministro Valencia se visitaron mutuamente en al menos en cinco oportunidades, todas en enero de este año. En estos encuentros se discutió sobre la necesidad de la mudanza del AGN.
Según el calendario de actividades del AGN, Díaz Sánchez visitó el Ministerio de Cultura por última vez el 20 de enero del 2025 para analizar la posibilidad de usar uno de sus espacios como almacén temporal y las opciones que fueron ofrecidas fueron descartadas por considerarse inadecuadas para la conservación de documentos históricos, “aunque probablemente hubieran sido aptas si estuviésemos hablando de papeles comunes”, indicaron personas consultadas para este informe.
Fuentes consultadas por este medio indicaron que al menos dos opciones que fueron presentadas ante el ex jefe del AGN por parte de la administración del ministro Valencia fueron “un estacionamiento dentro del Ministerio y la Sala Kuelap del Mincul”. Ambas fueron rechazadas por no ser sitios aptos para la conservación de los documentos, aunque en el caso de la Sala Kuelap también se tomó en consideración la cantidad de documentos para indicar que la estructura actual no soportaría el peso del Archivo General de la Nación.
En este punto es necesario aclarar que, si bien en el acta de la reunión entre el ministro Valencia y la presidenta del PJ señala que la magistrada Tello afirmó que “se podría empezar ya mismo con la desocupación de las áreas administrativas como muestra de una voluntad política para concretar la entrega del inmueble del Poder Judicial”, al menos cuatro fuentes especializadas consultadas por Infobae Perú, afirman que esta versión no es precisa.
Sobre lo dicho por la titular del Poder Judicial indican que en estos espacios que fueron identificados como “oficinas administrativas” del AGN también funcionan como almacenes de documentos, además de talleres de trabajo para la encuadernación y restauración de documentos, además de servicios dirigidos al público como áreas de lectura y de consulta de servicios notariales.
“Documentos históricos de más de 200 años de antigüedad serían puestos en riesgo”, afirmaron expertos consultados por este medio.
Consultamos con la actual jefa institucional del Archivo General de la Nación, Graciela Rengifo, para conocer si era consciente de que el 31 de enero se vencía el plazo que el Poder Judicial había establecido como el límite para el desalojo del AGN.
“Todo lo que es documentos y gestión ya he tomado conocimiento”, afirmó Rengifo a Infobae Perú. La jefa del AGN rechazó hacer mayores comentarios sobre el tema.
También pudimos corroborar que el nombre de Rengifo, quien ya fue jefa institucional del AGN entre los años 2019 y 2020, aparece entre los firmantes de un documento titulado ‘Carta Abierta al Presidente del Poder Judicial’ con fecha 20 de mayo del 2024, en el que se pide a Javier Arévalo brindar más tiempo al Archivo General de la Nación para que la mudanza de la institución se realice directamente a su futura sede permanente, en Pueblo Libre, dentro de tres años.
Los ex jefes institucionales del AGN, Miriam Salas Olivari (1988-1989), María del Pilar Remy Simatovic (2001-2003), Joseph Dager Alva (2010-2012), Luisa María Vetter Parodi (2017-2019), y Jorge Ortíz Sotelo (2020-2022), también aparecen como firmantes del documento público.
Fuentes de Infobae Perú también indicaron que la salida de Nicolás Díaz Sánchez de su cargo como jefe institucional del AGN no es coincidencia, sino que ocurre luego de que al menos dos funcionarios de alto nivel al interior del Archivo General de la Nación fueron cesados de sus cargos hace menos de dos semanas por presuntos casos de corrupción y otros por los que, al menos hasta diciembre del año 2024, tenían investigaciones e imputaciones penales.
Este es el caso de Ruben Cayanchi Gómez, quien fue el jefe de la Oficina de Administración del AGN entre el 14 de octubre y el 16 de enero del 2025. Si bien fue nombrado en este cargo por la administración de Díaz Sánchez, anteriormente había sido designado como jefe de la Unidad Funcional de Abastecimiento y Control Patrimonial durante la gestión de Ricardo Moreau.
Entre noviembre y diciembre del 2024, Cayanchi Gómez aparece como investigado penalmente por la presunta comisión de delitos como: concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), omitir el cumplimiento de su obligación de prestar alimentos, y dos casos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (uno como imputado y otro como investigado).
En el caso de Fredy Orlando Arbildo Meléndez, quien fue el jefe de la Unidad Funcional de Abastecimiento y Control Patrimonial del AGN entre el 14 de octubre del 2024 y el 16 de enero del 2025; al menos hasta noviembre del año 2024, aparecía como imputado en materia penal como presunto autor del delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado).
Fuentes cercanas nos indicaron que, aunque la firma en la resolución de nombramiento de estos funcionarios sea del ex jefe institucional del AGN, Nicolás Díaz Sánchez, en realidad esta decisión fue una orden dada desde la administración del Ministerio de Cultura.
Nos intentamos comunicado con el señor Díaz Sánchez para consultarle su versión sobre este tema, pero rechazó comentar cualquier aspecto relacionado su cese en el cargo al interior del AGN.
Asimismo, tomamos conocimiento de la renuncia de otros tres altos funcionarios del Archivo General de la Nación: Jose Luis Abanto Arrelucea (asesor de la jefatura institucional), José Antonio Reyna Ferreyros (asesor de la jafatura institucional), y Emmanuel Antonio Sheen Merino, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del AGN.
En sus cartas de renuncia, los tres indican que su decisión es motivada por el cese de Díaz Sánchez desde el Ministerio de Cultura.
Hasta el momento se desconoce si al interior del AGN hay más personas que estén decidiendo su permanencia bajo la nueva jefatura o quiénes serán las personas que reemplazarán a los cargos salientes.
Nos intentamos comunicar con el Ministerio de Cultura para obtener sus descargos oficiales sobre la salidad de Díaz Sánchez de su cargo y sobre el ofrecimientode espacios al interior de la sede del Mincul, pero hasta el momento de publicar este informe no obtuvimos respuesta.