El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras los incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo en una protesta frente al Congreso Nacional.
En esta movilización, que inicialmente fue convocada en apoyo a los jubilados, se registraron actos de violencia que involucraron a grupos organizados, entre ellos barras bravas de diversos clubes de fútbol. La denuncia del Gobierno incluye acusaciones graves como sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática.
El detonante de esta acción judicial fue la liberación inmediata de los detenidos, ordenada por la jueza Karina Andrade a través de un mensaje de WhatsApp. Según el Ministerio de Seguridad, esta decisión no solo fue irregular, sino que también ignoró pruebas y antecedentes penales de los involucrados.
Por ello, el Gobierno exigió el apartamiento de la magistrada, argumentando que su actuación pone en riesgo la investigación y la justicia. La protesta, que comenzó como una manifestación pacífica en apoyo a los jubilados, derivó rápidamente en disturbios violentos.
Según el escrito presentado por el Ministerio, los manifestantes llegaron al lugar con armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo «miguelito». Los enfrentamientos dejaron un saldo de catorce policías heridos, daños materiales significativos, incluyendo la quema de un patrullero y motocicletas oficiales, y agresiones a civiles y periodistas.
Entre los heridos se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un impacto en la cabeza mientras documentaba los hechos. El Gobierno sostiene que estos actos no fueron espontáneos, sino que formaron parte de una organización premeditada con fines desestabilizadores.
Denuncia
En la denuncia se menciona a figuras como el exlíder montonero Mario Firmenich y a intendentes de municipios bonaerenses, quienes habrían financiado y promovido la movilización. También se señala la participación de barras bravas de clubes como River Plate, Boca Juniors, Independiente y Chacarita, entre otros.
La ministra Bullrich calificó los hechos como un atentado contra la democracia y subrayó la necesidad de sancionar a los responsables. Además, anunció que el Gobierno impulsará reformas legales para endurecer las penas contra los violentos ligados al fútbol y los dirigentes que los apoyen.
Seguinos en Google News y en nuestro canal de Instagram, para seguir disfrutando de las últimas noticias y nuestro mejor contenido.