Hugo Moyano (h) cuestiona la apertura económica y analiza el freno judicial a la reforma laboral

El diputado nacional por Fuerza Patria criticó la estrategia de apertura económica del Gobierno y se refirió al impacto de las medidas cautelares que frenan partes centrales de la reforma laboral.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, el diputado nacional Hugo Moyano (h) se refirió a la política económica y al debate sobre la reforma laboral. Respecto a la apertura de la economía, el legislador criticó lo que denominó una «apertura indiscriminada» y sostuvo que el Gobierno «abre todas las actividades sin importar cuál es el impacto y las consecuencias». En ese sentido, planteó la necesidad de una estrategia diferenciada: «la apertura, si se hace, y el proteccionismo también, tienen que ser de forma inteligente», afirmó. Remarcó que no se puede afirmar «de manera absoluta toda la apertura ni tampoco toda la protección», sino que es necesario evaluar «qué es lo que le conviene o no al país» en cada sector.

Moyano es abogado laboralista, docente de la UBA y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la coalición Fuerza Patria. Antes de su llegada al Congreso, se desempeñó como abogado de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

Durante la entrevista, el legislador también analizó las recientes decisiones judiciales que frenaron parte de la reforma laboral. Moyano destacó el fallo que otorgó una medida cautelar a la CGT, a la que consideró «el más importante» por su «valor trascendental» al afectar al colectivo de trabajadores. Según su análisis, esta medida frena más de 82 artículos que constituyen «el corazón de la reforma, que perjudica, que quita derechos y flexibiliza tanto lo que son las relaciones individuales como las relaciones colectivas». Moyano argumentó que la Justicia Nacional del Trabajo y la CGT le pusieron un límite al avance del gobierno nacional por la «inconstitucionalidad» de esos artículos.

Entre los puntos específicos de la reforma que mencionó como suspendidos o cuestionados, enumeró: la derogación de principios como el «in dubio pro operario» y el de justicia social; la rebaja de la base de cálculo de las indemnizaciones; la creación de los «salarios dinámicos»; la implementación del «banco de horas»; el intento de fraccionar las vacaciones; y los cambios en la negociación colectiva y el derecho de huelga. Sobre este último aspecto, señaló que al establecer servicios mínimos muy amplios «prácticamente estás dejando sin efecto este derecho fundamental». También criticó la intención de que las negociaciones por empresa o región prevalezcan sobre las por actividad, lo que, a su juicio, «atomiza la negociación colectiva».