Ante pedidos de investigación y denuncias judiciales, el oficialismo defiende la legalidad de los préstamos otorgados a varios de sus miembros, mientras la auditoría del banco revisa los casos.
El Gobierno nacional salió a responder a las denuncias y pedidos de investigación generados por la difusión de información sobre créditos otorgados por el Banco Nación a varios de sus funcionarios. Desde el oficialismo se defendió la legalidad de los préstamos, calificando la polémica como «insólita».
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron algunos de los voceros en defender los créditos. Caputo aseguró que los funcionarios beneficiados «no tienen ventaja respecto del resto» de los clientes del banco. La lista de beneficiarios incluye a directores de bancos oficiales, secretarios y legisladores, con montos que superan, en varios casos, los cientos de millones de pesos.
Según pudo conocerse, el equipo de auditoría del Banco Nación, a cargo de Darío Wasserman, trabajó durante el fin de semana revisando cada uno de los casos revelados. La información será elevada a la Justicia una vez que se defina el juez que intervendrá en las causas iniciadas por diputados de la oposición.
En sus denuncias, los legisladores opositores argumentan que los funcionarios accedieron a una «acreencia financiera» que no se condice con su perfil patrimonial o ingresos reales. Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que todos los créditos fueron otorgados bajo las condiciones normales del banco, con las garantías correspondientes, y que no hubo privilegios.
El caso ya tuvo una consecuencia administrativa: Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, fue separado de su cargo luego de conocerse que era uno de los beneficiarios. Otros funcionarios, como Guillermo Madero del Ministerio de Defensa, explicaron que utilizaron el crédito para la compra de su primera vivienda, tras cumplir con todos los requisitos establecidos.