En un escenario de precios internacionales elevados, el Gobierno evalúa los pasos a seguir en la desregulación del sector energético mientras empresas públicas creadas en gestiones anteriores mantienen un rol operativo.
En el marco de la planificación para el abastecimiento energético del próximo invierno, el apoderado de la empresa pública Enarsa, Marcelo Corda, solicitó a la administradora del mercado eléctrico (Cammesa) información sobre la necesidad de gas para la generación de energía en mayo. Este pedido responde a una instrucción del Gobierno Nacional, que debe organizar las compras en un contexto internacional de precios altos, influenciado por el conflicto en Medio Oriente.
La situación ha llevado a una evaluación más cautelosa de cada eslabón de la cadena de decisiones. Si bien el equipo económico del ministro de Economía, Luis Caputo, había mostrado interés en avanzar con la desregulación del sector a esta altura del año, ahora se analiza que Enarsa -una empresa creada durante la gestión de Néstor Kirchner- realice una primera compra mayorista, hasta que el sector privado se decida a participar. Esto ocurre mientras se avanzan en la venta de algunos de sus activos.
Un análisis de los pagos realizados por el Tesoro Nacional durante el año pasado refleja la continuidad de estructuras previas. La principal receptora de fondos fue Cammesa, para cubrir necesidades financieras del sistema eléctrico. Le siguen en la lista empresas estatales como Ferrocarriles Argentinos, el Correo Oficial y Yacimientos Río Turbio, todas adquiridas por el sector público en períodos anteriores. Entre las empresas privadas, las primeras en aparecer son las petroleras, beneficiarias del Plan Gas, un programa de fomento a la producción que data de gobiernos previos.
En otro ámbito, la Casa de Moneda, la imprenta pública de billetes, podría tener un destino inesperado. La empresa británica De La Rue, impresora de la libra esterlina, enfrentó una demanda fluctuante tras el ascenso al trono del Rey Carlos III y busca capacidad de producción adicional en el mundo. Esto la llevó a establecer contactos con la Casa de Moneda argentina, que dejó de fabricar la mayor parte de los billetes que circulan en el país (provenientes principalmente de China) y se encuentra en un proceso de reestructuración.
Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno indican que la voluntad oficial sigue siendo la privatización de la Casa de Moneda. La Secretaría Legal y Técnica analizó la posibilidad de hacerlo mediante herramientas legales de los años 90, pero el consenso actual apunta a que se requeriría una nueva ley. Dada la complejidad legislativa y otras prioridades en la agenda, no se espera que este tema avance en el Congreso en el corto plazo, una situación que se asemeja a la discusión postergada sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas.