La provincia anunció que las familias de alumnos que generen alertas falsas deberán pagar los costos de los operativos de seguridad desplegados. La medida busca desincentivar estas acciones que movilizan recursos estatales y generan alarma social.
El gobierno de Córdoba formalizó una medida por la cual cobrará a los adultos responsables de los alumnos que generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Seguridad provincial.
El ministro Juan Pablo Quinteros explicó que, a partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos. El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención para luego intimar el pago.
Quinteros puntualizó que cada operativo moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia y recursos tecnológicos, afectando capacidades destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia. Subrayó que se trata de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar y generan angustia en la comunidad educativa.
La semana pasada se investigaron casos en alrededor de cien instituciones educativas de la provincia. En este contexto, se conoció que un colegio prohibió temporalmente el ingreso de alumnos con mochilas como medida para reducir tensiones internas.
Paralelamente, la Justicia ordenó la internación en un centro de salud mental de un adolescente de 13 años de Río Cuarto, con presuntos vínculos activos con la comunidad digital conocida como True Crime Community (TCC). En un allanamiento se halló en su poder material considerado violento, incluyendo anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas. La fiscal penal juvenil Norma Scaglia detalló que en chats el menor manifestaba intenciones violentas y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios.
El protocolo de cobro se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.