El gobierno nacional modificó la regulación de áreas periglaciares, delegando en las provincias la decisión sobre su cuidado y explotación minera, salvo que se demuestre un aporte hídrico relevante.
El nuevo marco normativo sobre glaciares y áreas periglaciares establece un cambio significativo en la política de protección ambiental. A partir de ahora, las provincias tendrán la facultad de determinar qué zonas se cuidan, cuáles quedan exceptuadas y quién puede explotar los recursos en esas regiones.
La norma solo exceptúa de la explotación aquellos sectores que puedan acreditar un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Esto significa que, en la práctica, amplias áreas periglaciares podrían quedar abiertas a la actividad minera si las autoridades provinciales así lo deciden.
Organizaciones ambientales ya expresaron su preocupación por el posible impacto en los ecosistemas de alta montaña y en el suministro de agua para comunidades cercanas. Desde el sector minero, en cambio, consideran que la medida brinda certezas para inversiones y desarrollo regional.