El reciente acuerdo con Estados Unidos abre una nueva etapa para Argentina, impulsando marcos normativos alineados con estándares internacionales que buscan mejorar la productividad y atraer inversiones.
El acuerdo reciente con Estados Unidos abrió una nueva etapa para la Argentina: la posibilidad de avanzar, después de muchos años de estancamiento, hacia marcos normativos a la vanguardia internacional, alineados con estándares de países que hoy son ejemplo de desarrollo y progreso económico. Este cambio de paradigma es un hito para el país y toma crucial relevancia en el campo de la propiedad intelectual.
Lejos de ser un tema técnico o sectorial, se trata de un factor clave para mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y mejorar la capacidad productiva. En un contexto internacional donde el valor agregado está cada vez más relacionado con la incorporación de conocimiento, fortalecer la propiedad intelectual abre un futuro prometedor para Argentina, tanto a nivel local como global, con la oportunidad de posicionarse como hub regional de innovación.
Bajo esa lógica, el gobierno nacional ha comenzado a dar señales concretas. La reciente Resolución Conjunta 1/2026, que derogó las pautas de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde 2012, constituye un avance relevante para el sector salud, al actualizar criterios que impactan directamente en el desarrollo y la disponibilidad de innovaciones médicas. Esta medida alinea el marco regulatorio con estándares internacionales y aporta mayor previsibilidad para la investigación biomédica.
Sin embargo, una situación diferente enfrenta el sector agrícola, que, en su rol estratégico para el resto de los clústeres económicos, aún continúa a la espera de mayores medidas para impulsar un mejor ecosistema de innovación. La adhesión a UPOV-91 y la derogación de los criterios de patentamiento para biotecnología, que rigen desde 2015, son dos aspectos urgentes para empezar a dotar al agro de más y mejor tecnología. Esta cuestión trasciende cualquier interés estrictamente comercial, ya que permite construir las condiciones necesarias para que toda la cadena agroindustrial acceda a más innovación, mayor productividad y mejores herramientas para competir, sin importar el tamaño ni el origen de las empresas.
Hoy, el principal competidor regional, Brasil, demuestra un ejemplo concreto de lo que se puede lograr con decisiones correctas. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), si se toma la producción agrícola de granos —soja, maíz y trigo—, en los años 90 Brasil producía un 53% más que Argentina. Esa brecha se amplió de forma sostenida: fue del 45% en los 2000, del 82% en la década de 2010 y alcanza en la década actual un promedio cercano al 155%. Para la campaña 2025/26, la diferencia estimada se ubica en torno al 147%. En términos absolutos, hoy Brasil supera los 300 millones de toneladas, mientras que Argentina ronda los 140 millones.
En definitiva, la relación es directa: más y mejor propiedad intelectual implica más y mejor productividad. Es un beneficio que impacta en tres niveles: el productor, que accede a mejores tecnologías e ingresos; las compañías, que encuentran incentivos para innovar; y el país, que incrementa su capacidad exportadora, genera más divisas y fortalece su desarrollo económico. Para ponerse a la altura de los competidores, solo falta decisión política y reglas que transformen ese potencial en crecimiento sostenido.