El gobierno de Donald Trump impulsa un plan para quitar la ciudadanía a 384 personas que la obtuvieron mediante fraude. El proceso, que podría acelerarse, genera debate sobre derechos y persecución política.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto en marcha un proceso para revocar la ciudadanía a 384 personas que obtuvieron la naturalización de manera fraudulenta. La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, busca identificar y sancionar a quienes hayan infringido la ley en el proceso de naturalización.
Según informó The New York Times, aún no se han revelado los motivos oficiales de la decisión, aunque se especula que podría tratarse de casos de ocultamiento de antecedentes penales, uso de documentos falsos o declaraciones engañosas durante el trámite.
Matthew Tragesser, portavoz del DOJ, declaró: “El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”. Por su parte, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, afirmó: “El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”.
El proceso de revocación requiere que se presenten pruebas ante un juez federal mediante un procedimiento civil o penal. Ahora, abogados de oficinas civiles en todo el país asumieron la tarea de presentar demandas contra ciudadanos naturalizados, cuando tradicionalmente esa responsabilidad recaía en la oficina de inmigración.
De acuerdo con The New York Times, el DOJ recibe unas 200 remisiones mensuales de desnaturalización por parte del Departamento de Seguridad Nacional, una cifra que contrasta con los 11 casos anuales que se presentaban en promedio entre 1990 y 2017. Tragesser reconoció que se está “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia”.
Sin embargo, la medida ha generado críticas. Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, advirtió en The New York Post que el gobierno federal ha utilizado históricamente la revocación como un recurso de persecución política. “El gobierno ha utilizado este poder en el pasado para perseguir a personas que consideran oponentes políticos”, señaló Frost. Y agregó: “El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”.
Lucas Guttentag, exfuncionario del DOJ en el gobierno de Joe Biden, consideró que el plan federal “se basará en una distorsión de la ley” y que “es otro esfuerzo claro para desestabilizar los principios de ciudadanía estadounidense”. No obstante, aclaró que “el fraude genuino, cuando realmente se produce, siempre se ha perseguido agresivamente”.
Más de 818.000 inmigrantes completaron su naturalización en 2024. La medida podría impactar a comunidades que consideran la naturalización como un paso definitivo hacia la integración.