Casi 2.100.000 familias de la provincia de Buenos Aires dejaron de recibir el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) desde mayo. El gobernador Axel Kicillof suspendió el programa por 90 días y culpa al Gobierno nacional por la falta de fondos, mientras sectores internos del peronismo lo acusan de ajustar sobre los más pobres.
Un cartón de seis huevos, una botella de aceite, medio kilo de arroz, medio de harina, un paquete de levadura, leche, una lata de tomate triturado, lentejas y arvejas. Esos eran los nueve productos del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) que la Provincia entregaba mensualmente a casi 2.100.000 familias con hijos en escuelas públicas bonaerenses. La ayuda, que se repartía una vez por mes, era armada por los Consejos Escolares de los 135 municipios, cuyos presidentes responden al poder municipal.
El programa, que costaba entre 28.000 y 30.000 millones de pesos mensuales, era financiado por la Provincia. Sin embargo, desde que asumió Javier Milei, el aporte nacional del 40% se eliminó, lo que representó unos 12.000 millones de pesos mensuales que la administración provincial debió absorber. Ante la imposibilidad de sostener el gasto, el gobernador Axel Kicillof decidió suspender el MESA por 90 días a partir de mayo.
La medida generó fuertes críticas internas. El senador provincial Mario Ishii, considerado cercano a La Cámpora, fue el primero en cuestionar al gobernador por el “ajuste con la comida de los pobres”. Luego se sumaron otros intendentes, como Eva Mieri, lugarteniente de Mayra Mendoza. Desde el Gobierno provincial argumentan que la decisión fue necesaria para evitar problemas mayores en el pago de salarios, que afectan a casi 600.000 empleados públicos, y señalan que desde 2023 se incorporaron unos 80.000 nuevos trabajadores estatales.
El cruce de acusaciones no cesa: desde La Cámpora culpan a Kicillof, mientras que el gobernador apunta a Milei por el recorte de fondos nacionales. La situación expone las dificultades fiscales de la provincia y el impacto directo en los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense.