La justicia federal rechazó una cautelar de La Pampa contra la reforma de la Ley de Glaciares. El gobierno provincial apelará, mientras el oficialismo defiende la medida como un paso hacia la gestión provincial de los recursos hídricos.
El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó ayer el pedido de medida cautelar impulsado por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto (PJ), que había presentado un recurso de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. Tras el fallo, funcionarios del gobierno de La Pampa confirmaron que apelarán la decisión.
“Mientras se discute una causa ambiental, tiene que dictarse una medida cautelar, mucho más cuando se trata de un bien cuya afectación es irreversible y pertenece a toda la sociedad”, criticó el abogado Andrés Gil Domínguez, apoderado del gobierno provincial en esta causa. “Lo que estamos discutiendo acá es la afectación sustancial del derecho al ambiente para estas generaciones y las futuras”, sostuvo.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expresó su apoyo a la reforma: “Esta reforma les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos y deja bajo su responsabilidad identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
La reforma de la Ley de Glaciares sustituye varios artículos de la Ley 26.639 e introduce un artículo 3° bis. Entre los principales cambios, establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciares. La versión original asignaba esa función al gobierno nacional en coordinación con las provincias y dejaba en manos del Ianigla la delimitación de las zonas protegidas.
El conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel se remonta a 1978 y derivó en dos causas ante la Corte Suprema, ambas con fallos favorables para La Pampa. La Corte fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial y ordenó obras y gestión conjunta del río a través de la CIRA. “Hace menos de un año denunciamos al gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte Suprema no ha hecho cumplir su propia sentencia”, aseguró Gil Domínguez.