El gobierno de Donald Trump intensifica los procesos para revocar la ciudadanía a inmigrantes que, según su criterio, obtuvieron el estatus mediante fraude o cometieron delitos graves. La medida apunta a casos puntuales y busca incrementar una herramienta legal poco utilizada en las últimas décadas.
El gobierno de Donald Trump avanza en su iniciativa para revocar la ciudadanía de inmigrantes que obtuvieron la documentación estadounidense. El proceso de desnaturalización apunta a quienes el gobierno señala por obtener su estatus mediante engaños o quienes hayan cometido crímenes de extrema gravedad.
Según información divulgada por CBS News, el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump introdujo un mínimo de 12 casos en cortes federales. Los registros incluyen a personas nacidas en países como India, Nigeria, Bolivia, China, Colombia y Uzbekistán. Los funcionarios federales afirman que estas personas ocultaron datos importantes en sus peticiones o cometieron delitos graves antes o después de adquirir la ciudadanía estadounidense.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó en una entrevista que la medida busca desincentivar el fraude en el proceso de naturalización. “Aquellos que obtuvieron su estatus de forma legal no tienen motivos de preocupación”, aseguró.
Dentro de los objetivos mencionados en la presentación de casos judiciales, aparecen perfiles con antecedentes penales y casos de fraude documental. La lista incluye a un sacerdote de origen colombiano condenado por abuso sexual, a un inmigrante somalí vinculado al apoyo de grupos terroristas, y al exdiplomático Manuel Rocha, que admitió haber espiado para el gobierno de Cuba.
El 26 de marzo de 2026, en un comunicado oficial, el DOJ expuso otros casos, como el de Mirelys Cabrera Díaz, una cubana residente en Florida a la que le fue retirada la ciudadanía por fraude contra el sistema Medicare, y Vladimir Volgaev, un ucraniano señalado de encubrir su implicación en una red de contrabando de armas. También se tomaron medidas contra Alec Nasreddine Kassir, un inmigrante de Líbano acusado de obtener la naturalización mediante un matrimonio fraudulento.
Esta iniciativa representa un aumento en el uso de una herramienta legal que durante muchos años fue infrecuente. CBS News destaca que, entre 1990 y 2017, el gobierno presentó apenas 300 casos de desnaturalización, con un promedio de 11 por año. La periodicidad de los anuncios indica que el DOJ modificó su política y busca aumentar las cifras de estas revocaciones.
Si un juez se pronuncia a favor del gobierno, la persona pierde los privilegios de la ciudadanía estadounidense y vuelve a su condición legal anterior, normalmente la de residente permanente. En esas circunstancias, si existen motivos penales, la persona está expuesta a ser deportada del territorio de EE.UU.