El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, informó sobre intimidaciones a funcionarios municipales y anunció la creación de una unidad ejecutora para revisar más de 7.000 habilitaciones en 90 días.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció amenazas contra funcionarios municipales encargados de controlar locales nocturnos y anunció la creación de una unidad ejecutora que revisará más de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días. La medida se da en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en una causa que tiene como principal detenido a Claudio Barrelier.
En declaraciones, Passerini reveló que el presidente del Ente de Fiscalización fue intimidado luego de la clausura definitiva de Punta Alvear. «Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio», aseguró. Además, señaló que el propietario del local amenazó al funcionario. «Ese lugar se clausuró de manera definitiva, su propietario amenazó a nuestro funcionario y está denunciado penalmente».
El jefe comunal explicó que el viernes firmó un decreto para conformar una unidad ejecutora integrada por distintas áreas municipales y provinciales. El objetivo será reforzar los controles sobre la actividad nocturna y revisar las habilitaciones vigentes para detectar posibles irregularidades.
Según indicó, el Ente de Fiscalización y Habilitaciones pasó de realizar 90 clausuras a concretar 700 durante el último año. Sin embargo, sostuvo que el organismo enfrenta dificultades para avanzar en las inspecciones debido a la resistencia de sectores vinculados a la actividad nocturna.
Passerini también se refirió a la situación de inspectores municipales que se negaron a incorporarse al ente de control. En ese sentido, afirmó que algunos agentes enfrentan causas judiciales. «Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos», sostuvo.
Además, anticipó que el municipio impulsará modificaciones en las ordenanzas de Habilitaciones y de Espectáculos Públicos. Entre los cambios previstos figura la creación de un registro público y la posibilidad de extender las sanciones tanto a los titulares de los comercios como a los propietarios de los inmuebles.
El intendente remarcó que algunos establecimientos clausurados vuelven a funcionar mediante cambios de razón social o de actividad declarada, una práctica que busca limitar con las nuevas herramientas normativas. Finalmente, consideró que el contexto actual representa una oportunidad para avanzar sobre una problemática histórica de la ciudad. «Entiendo que esta es la oportunidad de terminar esta problemática», concluyó.