La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, definió un plan de protestas que incluye cortes de ruta y una marcha federal con posible paro general antes de fin de año.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei. El plan incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, evaluó la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales. En el caso de incumplir esta cautelar, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta.
El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede de la CGT, el triunvirato cegetista recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. De ese encuentro surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado.
La CGT optó por un esquema gradual, aunque voces como las de Roberto Baradel, Daniel Catalano, Yasky y Godoy insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública. Desde la UTEP, la proyección apunta a una marcha federal que recorra las provincias y culmine en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por el aniversario de los asesinatos de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurrido el 26 de junio de 2002, en el Puente Pueyrredón. En los próximos días, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez en los barrios populares.
Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires reveló que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial y mantiene diálogo con la Iglesia.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, afirmó: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó: incluye familias enteras, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada en 2021, representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. El Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la CABA gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.