El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta un escenario político marcado por diversas causas judiciales que involucran a exministros, familiares y aliados, mientras la oposición presiona por un adelanto electoral.
MADRID — En España, la agenda política está dominada por la difusión de información sobre varios casos de corrupción que afectan a la vida pública. El principal perjudicado es el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también persisten causas vinculadas a la administración de Mariano Rajoy, como el caso «la Kitchen», y otras que involucran a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presión ha generado críticas entre los socios de investidura de Sánchez. Junts, el partido catalanista de Carles Puigdemont, se sumó a PP y Vox en una moción en el Congreso que exige a Sánchez convocar elecciones o someterse a una moción de confianza.
Sin embargo, una moción de censura impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cuenta con los apoyos necesarios. La participación de Vox en esa iniciativa resulta problemática para la mayoría de los partidos. Si el bloqueo se mantiene, Sánchez conserva la capacidad de decidir la fecha de las próximas elecciones generales.
El presidente socialista ha afirmado que los comicios serán en 2027. Según analistas, los escenarios más probables son una convocatoria a principios de año si el Gobierno no puede aprobar los presupuestos, o una cita electoral en septiembre, lo más tarde permitido por la ley.
Desde la Moncloa se ha diseñado una estrategia de defensa que clasifica los escándalos en categorías: reconocimiento de mala praxis y distanciamiento de los acusados, defensa de la inocencia, y denuncia de una conspiración para derribar al Gobierno.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación. Sánchez declaró en el Congreso: «Es un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero».
En la misma línea, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, tiene causas abiertas por corrupción y por una presunta trama para influir en procesos judiciales, conocida como «caso Leire Díez».
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. En su declaración, negó haber presionado a favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra y se negó a responder sobre joyas encontradas en su despacho. Sánchez afirmó: «Nadie puede extraer conclusiones del caso Zapatero y el ejecutivo progresista no tiene nada que ocultar».
En los casos que afectan a su familia, Sánchez ha señalado la existencia de una conspiración por parte de sectores conservadores de la judicatura. El juicio contra su hermano, David Sánchez, por presunta contratación irregular quedó visto para sentencia. La esposa del presidente, Begoña Gómez, está acusada de tráfico de influencias y corrupción. El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa, le retiró el pasaporte por riesgo de fuga y recibió un expediente disciplinario del órgano rector de los jueces.
Sánchez evitó utilizar el término «lawfare», pero en 2024 abrió un período de reflexión de cinco días sobre su futuro. Desde entonces, ha manifestado su determinación de completar la legislatura.