La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) informó que el cese de actividades en Puerto Gaitán, Meta, se extiende por más de 25 días, impactando el empleo, la actividad económica regional y proyectos estratégicos del sector.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) alertó sobre la prolongación del cese de actividades que, según la entidad, completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta.
La ACP señaló que la situación genera impactos sobre el empleo, la actividad económica regional, la prestación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el país, según un comunicado difundido por Revista Semana.
La organización indicó que la suspensión de actividades también retrasa proyectos relacionados con la operación del sector, incluyendo mantenimiento, adecuación de infraestructura, construcción de facilidades, perforación y producción.
“La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas manifiesta su preocupación por la prolongación del cese de actividades que desde hace más de 25 días afecta algunas operaciones en Puerto Gaitán”, expresó la entidad.
De acuerdo con la ACP, el conflicto se originó por reclamaciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales. La asociación sostuvo que el conflicto ya genera consecuencias que afectan el desarrollo normal de otras actividades del sector.
La organización pidió que las condiciones laborales, contractuales y comerciales se definan dentro del marco de la legislación vigente y que se respete la autonomía de las empresas y las particularidades de cada operación.
La ACP afirmó que cualquier solución debe partir de un análisis técnico y jurídico que proteja los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las operaciones. La preocupación central, según el gremio, es que la prolongación del cese afecte el empleo, la competitividad del sector y la continuidad de inversiones en la región.
La ACP también pidió garantizar las condiciones necesarias para mantener las operaciones y evitar que la situación se extienda, subrayando que el sector de hidrocarburos desarrolla actividades consideradas de utilidad pública e interés social.