El Ejecutivo nacional promueve la eliminación de la normativa vigente desde 2022, argumentando costos adicionales y exceso de intervención estatal. Organizaciones de salud y consumidores defienden la medida como herramienta de salud pública.
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal. Según fuentes oficiales, la normativa genera costos adicionales para la industria, afecta la competitividad y limita la libertad de elección de los consumidores. La iniciativa forma parte de un proceso de revisión de normas consideradas como un exceso de intervención estatal.
La ley, vigente desde 2022, obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol que superan determinados límites de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías a exhibir sellos negros de advertencia en la parte frontal de sus envases. También establece restricciones a la publicidad dirigida a niños y regula la venta de estos productos en establecimientos educativos.
Desde el oficialismo sostienen que la eliminación de la norma permitiría reducir cargas regulatorias y costos de adecuación para las empresas alimenticias, especialmente para las pequeñas y medianas industrias, que debieron modificar envases, procesos de producción y estrategias de comercialización para cumplir con los requisitos establecidos.
Otro argumento esgrimido es que el Estado debe brindar información al consumidor sin imponer mecanismos que puedan influir en las decisiones de compra. En ese sentido, el Gobierno plantea avanzar hacia un esquema con menor intervención regulatoria y mayor protagonismo de la responsabilidad individual.
En contraposición, organizaciones médicas, nutricionistas y entidades de defensa del consumidor advierten que el etiquetado frontal constituye una herramienta de salud pública respaldada por evidencia científica. Sostienen que los sellos permiten identificar de manera rápida los productos con exceso de nutrientes críticos y contribuyen a promover una alimentación más saludable, además de incentivar a la industria a reformular sus productos.
El debate también tiene implicancias legales y políticas. Cualquier modificación o derogación de una ley aprobada por el Congreso requiere un procedimiento legislativo, por lo que la discusión promete abrir un nuevo capítulo entre el Gobierno, la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresario.
Mientras tanto, el futuro del etiquetado frontal permanece bajo análisis y se espera que la discusión continúe en los próximos meses, en medio de posiciones enfrentadas sobre el alcance que debe tener la regulación estatal en materia de alimentación y salud pública.