El dirigente del sector transporte, Jorge Lanza, afirmó que las estructuras criminales mantienen cobros constantes en diferentes rutas del país, afectando a conductores, ayudantes y propietarios de unidades.
La extorsión contra el transporte público continúa siendo una de las principales amenazas para conductores, ayudantes y propietarios de unidades en Honduras, según declaró el dirigente del sector Jorge Lanza.
El representante del transporte aseguró que las estructuras criminales mantienen cobros constantes en diferentes rutas del país y afirmó que prácticamente todas las unidades enfrentan este problema.
Durante una entrevista televisiva, Lanza explicó que los pagos exigidos por grupos delictivos varían dependiendo de la zona, la ruta y la frecuencia con la que son realizados.
“Aquí todo mundo paga. Nadie se va sin pagar. Aquí todos tienen valor, unos más altos que otros, pero todo mundo paga”, expresó el dirigente.
Según detalló, algunas unidades deben realizar pagos durante toda la semana, mientras que otras entregan dinero varios días al mes, dependiendo de las exigencias de los grupos criminales.
Cobros afectan operación del transporte
Lanza indicó que, en algunos casos, los transportistas pueden llegar a pagar alrededor de 12 mil lempiras mensuales por unidad debido a la extorsión.
El dirigente aseguró que esta situación representa una fuerte carga económica para el rubro, que durante años ha denunciado amenazas y ataques relacionados con este delito.
Transportistas de diferentes zonas del país han señalado que la extorsión afecta tanto a empresas grandes como a pequeños propietarios que dependen diariamente del servicio.
Las autoridades de seguridad han realizado diferentes operativos contra estructuras dedicadas a este delito; sin embargo, representantes del transporte consideran que todavía se necesitan resultados más contundentes.
Esperan nuevas acciones de seguridad
El dirigente informó que representantes del sector sostendrán una reunión con Daniel Molina, nuevo encargado de la fuerza de tarea enfocada en atender los problemas de seguridad del transporte.
Lanza manifestó que esperan una estrategia diferente que permita reducir la presión de los grupos criminales.
“Ojalá que Daniel Molina haga un trabajo diferente al de todos, porque la verdad nosotros aquí no hemos visto nada, ninguna solución al problema con todos los que han pasado”, señaló.
Además, aseguró que las autoridades conocen los sectores donde operan las estructuras dedicadas al cobro de extorsión.
Ante señalamientos sobre la posible participación de personas vinculadas al transporte en actividades ilegales, Lanza aseguró que están dispuestos a colaborar con las investigaciones.
El dirigente señaló que si existen transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo involucrado en estos delitos, deben ser identificados por las autoridades.
“Si hay transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo que esté metido en esto, pues que los muestren y nosotros estamos en la mejor manera de trabajar mano a mano con ellos”, expresó.
Tarifa del transporte se mantiene
Sobre posibles cambios en el precio del pasaje, Lanza aclaró que actualmente la tarifa continúa en 13 lempiras.
Explicó que los transportistas no tienen autorización para modificar el costo del servicio sin una aprobación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
“Aquí no ha habido incremento. Los que subieron fueron otros, pero no nosotros”, manifestó.
El dirigente también señaló que existen pagos pendientes relacionados con el alivio otorgado al sector debido al incremento que anteriormente registraron los combustibles.
Los transportistas reiteraron que esperan medidas permanentes para enfrentar la extorsión y garantizar mayor seguridad en las rutas.
Según representantes del rubro, resolver este problema requiere investigaciones, presencia policial constante y acciones contra las estructuras criminales responsables de los cobros ilegales.
Mientras tanto, el sector asegura que continuará trabajando con las autoridades para buscar alternativas que permitan proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público.