El Gobierno de Colombia lanzó el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un instrumento normativo que articula políticas públicas para proteger y garantizar derechos de la población, con un horizonte de diez años y cerca de 200 acciones estratégicas.
El Gobierno de Colombia presentó oficialmente el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un instrumento normativo que busca articular políticas públicas y promover acciones estatales para proteger y garantizar los derechos de toda la población.
El acto de lanzamiento se realizó el miércoles 15 de julio de 2026 y fue encabezado por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro García. Participaron delegados de organismos internacionales y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El plan establece una hoja de ruta a diez años, con cerca de 200 acciones estratégicas diseñadas para enfrentar problemáticas y desafíos en materia de derechos humanos.
Según Castro García, se trata de “una deuda histórica de más de 30 años con la que estamos logrando una acción efectiva para la protección de los Derechos Humanos”, y afirmó que es una apuesta por “la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano”.
La iniciativa fue construida de manera participativa y contó con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de ONU Derechos Humanos. Scott Campbell, representante de la Oficina en Colombia, sostuvo que “será fundamental que exista una voluntad política sostenida, más allá de los cambios de gobierno, y que las acciones previstas cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios”.
El instrumento fue firmado por el presidente saliente, Gustavo Petro, y su gabinete. Busca enfrentar problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a la justicia, con un enfoque de participación social y diferencial. El decreto tiene alcance nacional, es obligatorio para entidades de la Rama Ejecutiva y orientativo para gobiernos locales y órganos autónomos, basándose en tratados internacionales, la Constitución y el Acuerdo Final de Paz de 2016.
El Gobierno reconoció un “bloqueo institucional” y una “corriente de ineficacia” señalada por la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenciada en la dispersión de competencias y duplicidad de esfuerzos. La apuesta es consolidar un “modelo de intervención articulado” desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
El Decreto 0585 garantiza participación activa de la sociedad civil en todas las fases del plan. Las entidades estatales deberán proporcionar información, desarrollar diálogo abierto y facilitar la ejecución de acciones mediante convenios. Se incorporan enfoques diferenciales: derechos humanos, curso de vida, niñez, género, orientaciones sexuales, étnico, campesino, discapacidad, territorial rural, víctimas del conflicto y seguridad humana.
El decreto establece un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación con un sistema de información único y obligatorio. La financiación será cubierta con apropiaciones presupuestales de las entidades responsables, con posibilidad de gestionar apoyos nacionales e internacionales adicionales. La implementación tendrá un plazo de diez años, con controles de avance y revisión periódica.