Una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la PROTEX permitió desbaratar una organización que captaba ciudadanos argentinos, principalmente exmilitares y expolicías, mediante engaños para enviarlos a la guerra en Ucrania. Una ex policía fue detenida en Tigre y su pareja permanece prófuga.
La Justicia Federal desarticuló una organización acusada de reclutar argentinos mediante engaños para enviarlos a combatir en Ucrania. Durante un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en Tigre, fue detenida Griselda Inés Ortiz, ex policía bonaerense. Su pareja, Jorge Otero, conocido como ‘Sargento Trembo’, permanece prófugo tras haber abandonado el país con destino a Brasil antes del allanamiento.
Según la investigación, la organización captaba principalmente a exmilitares, expolicías y exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante publicaciones en redes sociales. Les prometían incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con un salario cercano a 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, las condiciones reales del contrato eran ocultadas bajo el argumento de que se trataba de información reservada por cuestiones de seguridad.
Los reclutadores entregaban documentación en ucraniano donde figuraban tareas ajenas a la actividad militar y les indicaban qué responder en los controles migratorios: debían afirmar que viajaban para desempeñarse en la construcción, ocultando que el destino era una zona de guerra.
La causa se inició en marzo, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron irregularidades en el control de cuatro hombres que intentaban viajar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Ucrania. Los investigadores advirtieron que ninguno sabía quién había comprado los pasajes, desconocían quién los recibiría en Europa, no podían explicar cuál sería su trabajo y no contaban con pasaje de regreso ni dinero suficiente para la estadía.
La Justicia detectó que, una vez en Ucrania, muchos combatientes sufrían la retención de sus documentos personales y quedaban sometidos a mecanismos de coerción. Los reclutadores aseguraban que contarían con un seguro de 400.000 dólares para sus familias en caso de fallecimiento, cobertura que nunca existió. Además, los reclutados no cobraban los 3.000 dólares prometidos; en los casos analizados recibieron apenas 600 dólares.
Fuentes judiciales estiman que distintas células dedicadas al reclutamiento continúan operando en Argentina y que ya habrían enviado al menos 50 argentinos a combatir en Ucrania en tres contingentes durante los últimos nueve meses.
La investigación está a cargo del fiscal federal Sergio Mola y de los titulares de la PROTEX, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. La mujer detenida será indagada por el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas.