El Tratado Antártico de 1959 congeló los reclamos de soberanía y estableció el uso pacífico del continente. El Protocolo de Madrid de 1991 prohibió la explotación de recursos minerales hasta 2048, cuando se podrá solicitar su revisión. Argentina, Chile y el Reino Unido mantienen reclamos territoriales superpuestos.
En los mapas escolares argentinos, la Antártida aparece marcada con un triángulo blanco que baja desde Ushuaia hasta el Polo. Los mapas chilenos muestran otro triángulo, superpuesto al primero. Los británicos, un tercero, superpuesto a ambos. Los tres países mantienen reclamos de soberanía sobre el continente.
En 1978, Argentina trasladó a una mujer embarazada a la Base Esperanza y allí nació la primera persona en la historia del continente. Chile respondió en 1984 con nacimientos propios en Villa Las Estrellas, donde hoy funcionan una escuela y un registro civil. El Reino Unido emite estampillas desde la oficina postal de Port Lockroy.
El Reino Unido completó su mayor inversión en infraestructura de ciencia polar desde los años ochenta. Chile hizo de Punta Arenas una puerta de entrada al continente. Argentina sostiene desde 1904, en Orcadas, la estación de operación continua más antigua de la Antártida, aunque su programa científico atraviesa una crisis presupuestaria.
El Tratado Antártico de 1959 estableció el uso exclusivamente pacífico del continente, la libertad de investigación científica y de cooperación, la prohibición nuclear y las inspecciones mutuas. Su artículo IV congeló los reclamos de soberanía sin resolverlos. Su artículo IX condiciona la voz de los adherentes a demostrar investigaciones científicas importantes.
El Protocolo de Madrid de 1991 declaró a la Antártida “reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia” y prohibió cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica. Su artículo 25 establece que, cumplidos cincuenta años de vigencia, cualquier parte consultiva puede pedir una conferencia de revisión. Toda enmienda exigiría tres cuartos de las partes, incluidos todos los Estados consultivos de 1991. El artículo 7 no puede modificarse sin un régimen minero jurídicamente obligatorio previo.
El Anexo VI del Protocolo, adoptado en 2005, establece seguros obligatorios y responsabilidad patrimonial para los operadores por daños ambientales. Más de dos décadas después, no ha entrado en vigor.
Bajo el hielo de la Península se presume la presencia de cobre, níquel y tierras raras. China multiplica bases y se ampara en el “uso racional” de los recursos que la Convención del mar austral permite. La pesquería industrial de krill registró capturas récord en la última temporada, lo que forzó un cierre anticipado por primera vez en la historia.
El derecho del mar declaró los fondos oceánicos “patrimonio común de la humanidad” y les dio una autoridad donde todo Estado tiene asiento. El Foro Económico Mundial define la soberanía como interdependencia estratégica entre socios confiables.
Quedan veinte años para la posible revisión del Protocolo. Quienes se sentarán a la mesa de 2048 están hoy en la escuela primaria.