El Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz, expuso ante la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados un caso de un jubilado oncológico al que el PAMI le negó el tratamiento. Organizaciones como la APDH denuncian que la Justicia ordenó en mayo de 2025 restituir el programa Vivir Mejor, pero la medida no se implementó.
Durante una reunión de la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación, el Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz, relató por videollamada el caso de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón que no recibió el tratamiento indicado por su médico. Según Baltanaz, para que el paciente accediera a la medicación fue necesaria la intervención de dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado. «Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera», afirmó.
En el marco de un amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otras organizaciones, en mayo de 2025 la Justicia ordenó la restitución del programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100% de los medicamentos para todos los jubilados de Córdoba. En octubre de ese año, la medida se extendió a todo el país. Sin embargo, según los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, la restitución nunca se concretó. Las autoridades provinciales y nacionales presentaron sucesivas apelaciones, lo que retrasó el cumplimiento de la orden.
De acuerdo con datos del informe de gestión del Gobierno ante el Congreso, 2,2 millones de afiliados al PAMI quedaron fuera de la cobertura del 100% de ciertos medicamentos, de los cuales 1,6 millones consumían esos remedios de forma regular. El presupuesto oficial para prestaciones farmacéuticas en 2026 es de $2,2 billones, lo que representa $318 mil millones menos que los $2,5 billones vigentes en 2025.
El incumplimiento de la orden judicial derivó en una denuncia penal contra el exdirector del PAMI en Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y el director nacional, Esteban Leguizamo. La denuncia los acusa como supuestos responsables de los delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Leguizamo fue citado a declarar para el 5 de mayo de este año, luego de varias suspensiones. Desde el PAMI desmintieron un rumor sobre su renuncia, pero no respondieron consultas sobre el incumplimiento ni sobre la imputación.
En la misma reunión, Andrés Sabalette, representante de clínicas y sanatorios prestadores del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, señaló que la atención de 300 mil jubilados está en riesgo. «Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio», declaró. Según Sabalette, las prestaciones no cubren los costos y muchas intervenciones e internaciones fueron suspendidas. En la mayoría de esas clínicas, el 40% de la actividad está orientada a pacientes del PAMI.
Federico de Marziani, director del Centro de estudios políticos para las personas mayores, informó que algunos medicamentos de uso frecuente entre jubilados, como los de la circulación, aumentaron hasta un 900% desde el inicio de la gestión actual (de $11.500 a $115.000), mientras que los antibióticos subieron un 636% (de $4.478 a $33.000). La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires estimó en marzo que un jubilado necesitaba al menos $500.000 mensuales para medicamentos, cifra superior a la jubilación mínima, que en agosto con bono asciende a $489.000.
Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, relató el caso de una compañera de la marcha de los miércoles que enfermó de cáncer y falleció el año pasado. Según Valverde, los jubilados se organizaron para costear parte del tratamiento ante la falta de cobertura, y resumió: «Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo».