Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA indica que la pobreza alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la informalidad laboral son factores que inciden en la exposición de ciertos trabajadores.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe sobre la evolución de la pobreza en el primer trimestre de 2026. Según el estudio, la tasa de pobreza se ubicó en 30% de la población, mientras que la indigencia alcanzó al 6,5% de los habitantes. Estos valores representan un aumento respecto del segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había mostrado una tendencia descendente.
El informe atribuye el cambio a una combinación de factores. Entre ellos, la pérdida del impulso de los precios relativos: durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total (CBT) 9,6%, mientras que el índice salarial general creció 8,6% y los salarios registrados lo hicieron en 7%.
Otro factor señalado es el debilitamiento del mercado laboral. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026, las tasas generales de empleo y desocupación no mostraron cambios significativos, pero la subocupación subió 1,1% y la informalidad 2,2%, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.
El informe también menciona una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Si bien los ingresos tuvieron un alza interanual de 35,6%, apenas por encima de la variación de las canastas de consumo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442.
Otros factores que inciden en la exposición a la pobreza incluyen:
- Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica: el PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%.
- Menor capacidad protectora de las transferencias sociales: las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan con dos meses de retraso, lo que reduce su poder adquisitivo cuando la inflación se acelera. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aún no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, por lo que ciertos consumos, como los servicios públicos, quedan subrepresentados.
- Fuerte presión de los gastos fijos: la recomposición de tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó a mayor velocidad que el nivel general de precios y que los salarios y prestaciones.
En paralelo, la UCA difundió el Índice de Incertidumbre Económica de julio, que registró un valor de 54. Esto implica que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. El índice se mantiene en un piso históricamente elevado, tras ubicarse por debajo de 50 en enero de este año. Política, inestabilidad económica y trabajo son las principales preocupaciones que explican la incertidumbre.