El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y ordenó al Municipio que cumpla con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtió sobre prácticas como la entrega de escarpines y la difusión de información que calificó como tortura psicológica.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro ordenó al Municipio de San Isidro suspender el protocolo que imponía restricciones para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610. La medida cautelar fue solicitada por Amnistía Internacional y resuelta por la jueza María Paula Vénere.
La resolución señala que la interrupción del embarazo es una prestación sensible al paso del tiempo y que las demoras burocráticas pueden impedir el ejercicio efectivo del derecho. También consideró acreditado que el protocolo municipal incorporaba exigencias no previstas por la ley, como intervenciones psicológicas, restricciones adicionales para la causal salud y circuitos administrativos que podían generar obstáculos o demoras.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Agostina Felice, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y referente de la regional Conurbano Norte, afirmó que el municipio “pretende incumplir la ley” y que “es una decisión política pero contraria a derecho y a los tratados internacionales de derechos humanos”.
Felice explicó que, tras la promulgación de la Ley 27.610 en 2021, “como toda ley, luego de promulgada y reglamentada requiere presupuesto para su adecuada implementación”. En referencia al Gobierno nacional, sostuvo: “Se desentendió abiertamente del tema, incumple la ley nacional, esta y tantísimas otras. Es su decisión política: recortar en salud y por tanto en la calidad de vida de las personas”.
Acerca de las prácticas denunciadas en el Hospital Central de San Isidro, Felice mencionó la “entrega de escarpines” y la difusión de “información falaz sobre los ‘peligros de abortar’”, que calificó como “tortura psicológica” y cuya finalidad, dijo, es “dilatar la atención” y “persuadir y que la usuaria no aborte”.
La jueza Vénere también analizó las barreras desde una perspectiva de género y derechos humanos y sostuvo que la organización del sistema de salud puede comprometer la responsabilidad estatal y configurar una forma de violencia institucional u obstétrica cuando retarda, fragmenta, descoordina u obstaculiza el acceso efectivo a prestaciones de salud sexual y reproductiva.
La demanda fue presentada por Amnistía Internacional en junio, luego de recopilar testimonios de mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud durante 2024, 2025 y 2026 sobre obstáculos para acceder a la práctica, afectaciones a la confidencialidad y presiones sobre los equipos sanitarios.