La Caja de Previsión Social de Santa Cruz dispuso la jubilación compulsiva de tres magistradas del Tribunal Superior de Justicia. El abogado que las representa, Fernando Tanarro, cuestionó la medida y señaló que afecta la independencia judicial.
La disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia volvió a quedar en el centro de la escena en Santa Cruz, a partir de la decisión de la Caja de Previsión Social de disponer la jubilación compulsiva de tres magistradas del Tribunal Superior de Justicia. El abogado y exfiscal de Estado provincial Fernando Tanarro, representante de las juezas, cuestionó la medida y advirtió sobre una “avanzada” contra el Poder Judicial.
En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Tanarro explicó los alcances del decreto impulsado por la gestión del gobernador Claudio Vidal, la modificación de la composición del máximo tribunal provincial y la designación de nuevos magistrados. Además, sostuvo que el mecanismo utilizado para apartar a las juezas afecta la independencia judicial y genera “una situación bastante incómoda en todo el servicio de Justicia”.
Fernando Tanarro es un abogado y exfiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, una figura jurídica de alto perfil técnico en la Patagonia, frecuentemente consultada en cuestiones de derecho público, coparticipación federal e institucionalidad. Actualmente representa a las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludonia, Alicia de los Ángeles Marcó y René Fernández. Las magistradas se enfrentan a una resolución de jubilación dictada por la Caja de Previsión Social bajo el marco de un decreto dictado por la gestión del gobernador Claudio Vidal.
Según Tanarro, las magistradas iniciaron trámites jubilatorios de forma voluntaria, pero no manifestaron su intención de cesar en sus cargos. La ley provincial 182 permite iniciar el trámite previsional sin que ello implique la renuncia. El decreto reglamentario del Ejecutivo, sin embargo, dispone que una vez otorgado el beneficio, se cesa en funciones a los 30 días. Tanarro señaló que los magistrados del Tribunal Superior tienen inamovilidad absoluta y solo pueden ser removidos mediante juicio político.
El abogado también detalló que la composición del Tribunal Superior de Justicia fue modificada de cinco a nueve miembros, y que en un solo acto se designaron cuatro nuevos vocales. Con esos nombramientos, el oficialismo obtuvo cinco de los nueve votos, lo que le otorga mayoría simple en el máximo tribunal. Las designaciones fueron aprobadas por la Legislatura provincial por mayoría simple, sin necesidad de dos tercios.
Tanarro afirmó que no existen precedentes de una medida similar en otras provincias y que la decisión genera intranquilidad en el Poder Judicial, ya que si se puede avanzar sobre jueces del Tribunal Superior, también se podría hacer sobre el resto de los magistrados.