Tres días después del discurso presidencial sobre las Islas Malvinas, el Ejecutivo confirmó que enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que endurece sanciones a empresas que operen en la zona. También se publicaron decretos que amplían presupuestos de Defensa, Cancillería y SIDE.
El Poder Ejecutivo confirmó que presentará esta semana en el Congreso el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modifica la ley 26.659 y establece sanciones más severas para empresas que realicen operaciones no autorizadas en la plataforma continental argentina. La información fue difundida por fuentes oficiales a LA NACION.
El proyecto también contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una política de seguridad de aplicación obligatoria y transversal al Estado, incluyendo la protección de infraestructura crítica y la seguridad aeroespacial y marítima.
El viernes, el Gobierno publicó tres decretos firmados por el presidente Javier Milei y su gabinete que amplían el presupuesto de la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa. En este último caso, los fondos se destinarán a la construcción de una base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego.
El discurso presidencial, emitido por cadena nacional, tuvo una duración de quince minutos. Según fuentes del Gobierno, la medición de audiencia alcanzó aproximadamente 30 puntos de rating, superior a la cadena anterior en la que se detalló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La Oficina de Respuesta Presidencial difundió un sondeo basado en opiniones en redes sociales que indica un 81,3% de apoyo a las medidas anunciadas. Un informe de la consultora QSocial Big Data registró 2.775 publicaciones, 1,4 millones de acciones y 17,4 millones de visualizaciones en las 14 horas posteriores al anuncio. El 57% de las interacciones ocurrió en las tres horas siguientes al discurso y el 42% durante la hora de emisión.
El informe señala que la cuenta de redes sociales “El Peluca Milei”, vinculada a la red “Las fuerzas del cielo”, fue el emisor con mayor rendimiento, quintuplicando el alcance de las cuentas oficiales.
El asesor presidencial Santiago Caputo expresó su expectativa de que “el sistema comprenda la importancia de acompañar sin titubeos al Presidente”. Legisladores de la oposición manifestaron dudas sobre el uso político del tema.
El Gobierno continuará con gestiones para que las empresas petroleras Navitas y Rockhopper, que operan en la zona con el proyecto Sea Lion, detengan sus actividades. Una fuente oficial indicó que la presión se aplica “en el momento justo” para evitar que Navitas realice su primer pozo.
Tres empresas del sector energético –SLB, Baker Hughes y Halliburton– comunicaron que no participarán en proyectos de exploración en las islas. Según una fuente oficial, estas compañías representan el 53% del servicio petrolero mundial.
El gobierno británico y la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas rechazaron los anuncios. La asamblea sostuvo que las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y que su futuro debe ser decidido por sus habitantes.
El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) señaló que la empresa Southern Energy, sancionada por operar en la plataforma continental sin autorización, fue beneficiada por el Gobierno con la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).