La administración de Donald Trump incorporó 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una herramienta previamente asociada a redes como Estado Islámico y Al Qaeda. La medida abarca desde cárteles mexicanos hasta pandillas haitianas y coincide con una gira del secretario de Estado Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú.
La administración de Donald Trump incorporó 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe a su lista de «organizaciones terroristas extranjeras», una herramienta que antes se asociaba con redes como Estado Islámico y Al Qaeda. La medida alcanzó desde los grandes cárteles mexicanos hasta pandillas haitianas que controlan sectores de Puerto Príncipe. El último ingreso coincidió con una gira del secretario de Estado Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú.
La estrategia estadounidense busca elevar la presión contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes y otras economías ilícitas. También apunta a quienes Washington considere colaboradores de esas estructuras. La política comenzó en febrero de 2025 y abrió la puerta a operaciones contra embarcaciones que Estados Unidos calificó como «narcoterroristas». Esos ataques dejaron más de 200 muertos, según el recuento incluido en el material.
En Haití, la coalición Viv Ansanm y la pandilla Gran Grif quedaron incluidas en la designación estadounidense. Ambas están vinculadas al tráfico de armas, secuestros, asesinatos y extorsiones. Viv Ansanm lanzó ataques desde febrero de 2024 que paralizaron el principal aeropuerto internacional haitiano y también liberó a cientos de presos de las dos cárceles más grandes del país y forzó la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry. La coalición controla al menos el 85% de la capital haitiana, de acuerdo con el texto. Esa situación obliga a organizaciones civiles a negociar con las pandillas para poder distribuir ayuda en las comunidades. Gran Grif concentró su actividad en la región central de Haití. En octubre fue responsabilizada por la muerte de más de 70 personas en Pont-Sondé.
En Venezuela, la lista incluyó al Tren de Aragua, una organización que nació en una prisión del centro del país hace más de una década. Su expansión coincidió con la salida de cerca de ocho millones de venezolanos por la crisis política y económica. El grupo extendió sus actividades desde Chile hasta Estados Unidos. Aunque surgió ligado al narcotráfico, sus principales negocios abarcan el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzado. La organización fue señalada por hechos de extrema violencia, entre ellos decapitaciones y el entierro de víctimas aún con vida. La designación estadounidense la ubicó dentro de una estrategia regional contra redes que cruzan fronteras.
Washington también incorporó al llamado Cártel de los Soles, una estructura que, según las autoridades estadounidenses, estaba liderada por Nicolás Maduro. La designación ocurrió menos de seis semanas antes de su captura en enero. El término comenzó a utilizarse en la década de 1990 para describir a militares venezolanos de alto rango enriquecidos por el tráfico de drogas. Con el paso de los años, se extendió a policías, funcionarios y actividades como la minería ilegal y el contrabando de combustible.
México reúne la mayor cantidad de grupos designados, con ocho organizaciones. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figuran como los principales objetivos de la ofensiva. Ambos son señalados como grandes traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.
El Cártel de Sinaloa surgió en la década de 1970 y desarrolló una red internacional para mover drogas mediante embarcaciones, aviones, migrantes y túneles transfronterizos. Actualmente, mantiene influencia en el oeste de la frontera con Estados Unidos. La captura de Ismael «El Mayo» Zambada abrió una disputa interna por el control de esa organización. El conflicto debilitó al conglomerado criminal, según el material de referencia.
El CJNG nació a comienzos de la década de 2010 y fue identificado por el uso de lanzacohetes, drones con explosivos y minas artesanales contra las autoridades. En 2020 organizó un atentado contra el entonces jefe policial de Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sostiene que el CJNG distribuye cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados del país. La estructura mantuvo su capacidad operativa tras la muerte de Nemesio Oseguera, «El Mencho», en febrero.
También fueron designados el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel de Juárez, con presencia en pasos estratégicos de la frontera texana. Esas redes trafican drogas, armas, dinero y migrantes.
El Cártel del Noreste deriva de Los Zetas, el grupo creado por militares reclutados inicialmente para proteger a Osiel Cárdenas Guillén. Su principal base se encuentra en Nuevo Laredo, uno de los puntos comerciales más activos de la frontera entre México y Estados Unidos. El Cártel de Juárez conserva una infraestructura ligada durante décadas al paso de cargamentos ilegales por Ciudad Juárez, frente a El Paso. Sus fundadores y sucesores transformaron ese corredor en un negocio multimillonario. La nómina mexicana se completa con la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras. Estas organizaciones afianzaron su poder en Michoacán mediante la producción de drogas sintéticas, la extorsión y alianzas cambiantes. Sus cobros ilegales afectan a distintos sectores de la economía local, incluido el aguacate. Ese producto es una de las exportaciones mexicanas de mayor peso en el mercado estadounidense.
La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y Barrio 18 fueron incluidas entre las organizaciones designadas. Ambas nacieron como pandillas callejeras formadas por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles. Las deportaciones de sus integrantes impulsaron su expansión por El Salvador, Guatemala y Honduras. En esos países consolidaron redes asociadas con violencia y control territorial. El presidente salvadoreño Nayib Bukele encarceló a más de 80.000 personas en su campaña contra las pandillas. Guatemala también catalogó como terroristas a ambos grupos en octubre y endureció su legislación.
En Colombia, la lista alcanzó al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La organización reúne a unos 9.000 combatientes y evolucionó desde antiguos grupos paramilitares de derecha. La Defensoría del Pueblo indicó que las AGC tienen presencia en cerca de un tercio de los 1.103 municipios colombianos. Allí extorsionan a negocios locales. El grupo participó en conversaciones de paz con el gobierno colombiano el año pasado. Ese proceso terminó tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, presentado en el texto como un aliado de Trump.
Ecuador sumó a Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones. Las autoridades responsabilizan a esas pandillas por buena parte de la violencia que aumentó desde la pandemia de COVID-19. Las cuatro estructuras están vinculadas con el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas. Su disputa por rutas hacia el Pacífico también alcanzó las cárceles ecuatorianas, donde cientos de presos fueron asesinados desde 2021. Los Tiguerones se formaron en Guayaquil en 2019 como brazo armado de Los Choneros. Ecuador ya había incluido a esas organizaciones dentro de las 22 pandillas calificadas como «terroristas» en 2024.
Brasil aportó dos nombres a la lista: Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital. Ambas organizaciones trabajan con cerca de 50 pandillas menores y dirigen a miles de integrantes. Sus actividades incluyen ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles. Sus redes ilícitas superan las fronteras brasileñas.
(Con información de Associated Press)