El texto, firmado por un fiscal de Cámara y profesor universitario, sostiene que la reforma procesal penal en Córdoba debe avanzar hacia un sistema adversarial puro para garantizar la imparcialidad y la eficiencia. La nota detalla ejes estructurales, transparencia y fortalecimiento de garantías.
Un artículo difundido este lunes plantea la necesidad de una reforma procesal penal en Córdoba que migre hacia un modelo adversarial puro. El texto, firmado por un fiscal de Cámara y profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, sostiene que la persistencia de estructuras híbridas degrada la garantía de imparcialidad y la eficiencia del sistema judicial.
El autor argumenta que la modernización exige armonizar el rito local con los estándares constitucionales. Cita el precedente «Casal» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 20 de septiembre de 2005, para afirmar que la adopción del sistema acusatorio es una «inevitabilidad constitucional» y no una simple sugerencia de política criminal.
El artículo diagnostica «fricciones burocráticas» y «micro y macro alteraciones» en el sistema actual. Señala que la figura del «Juez Investigador» genera una confusión de roles que afecta la imparcialidad, y propone la separación definitiva de funciones: el juez decide y el fiscal investiga.
Como solución, el texto propone una reforma estructurada en cuatro ejes. El primero aboga por superar la investigación jurisdiccional y establecer un Juez de Garantías puro, además de mantener la coherencia persecutoria con un mismo fiscal entre la instrucción y el juicio. El segundo eje se centra en la transparencia, con la regulación del legajo de investigación y una audiencia preliminar de control de acusación. El tercer eje busca la excelencia en el contradictorio, con plenitud del contrainterrogatorio y rigor científico en los peritos. El cuarto eje propone fortalecer las garantías con la aplicación de la cláusula defensiva desde el inicio de la persecución penal.
El autor concluye que la modernización es un «imperativo ético y un mandato constitucional insoslayable». Además, aclara en una posdata que no es necesaria la creación de más edificios ni oficinas de gestión.
El texto completo titulado «Córdoba tiene la deuda pendiente de un proceso penal acusatorio para garantizar imparcialidad» fue publicado originalmente en otro medio y se reproduce aquí con fines informativos.