El fiscal Andrés Madrea presentó un dictamen de 84 páginas ante el juez Darío Bonanno. Las víctimas eran captadas por redes sociales y servicios de mensajería. La investigación involucra a fiscales de Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Santa Fe.
El fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Andrés Madrea solicitó que 26 personas sean citadas a prestar declaración indagatoria, acusadas de estafas, maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La presentación, contenida en un dictamen de 84 páginas, fue elevada ante el juez Darío Bonanno.
Según el documento, las operaciones defraudatorias superan los 1000 millones de pesos. El fiscal describió una modalidad reiterada: las víctimas creían invertir su capital en acciones, bonos y otros títulos valores, cuya rentabilidad y movimientos de valuación observaban a través de una aplicación web. Los fondos previamente transferidos a distintas cuentas digitales figuraban como depositados e invertidos en esa plataforma, administrada por los denominados asesores de la academia de negocios EquiQuant Capital.
La investigación se inició con una denuncia en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se sumaron presentaciones de damnificados en distintas fiscalías y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci). Según el sitio fiscales.gob.ar, las denuncias hacían referencia a una supuesta compañía de nombre EquiQuant Capital que captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores mediante perfiles de redes sociales como Instagram y servicios de mensajería como WhatsApp, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y apariencia de legitimidad.
En su dictamen, Madrea sostuvo que el éxito de la maniobra no se apoyaba únicamente en la simulación de movimientos financieros, sino también en el trabajo de una organización compuesta por un número significativo de personas dedicadas a la captación de interesados, la gestión de cuentas recaudadoras de fondos y su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales. El fiscal mencionó también el uso de la confianza de las víctimas en el funcionamiento del mercado de valores.
La captación de víctimas se produjo en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, entre ellos la provincia de Chubut.
El fiscal Madrea afirmó que la operatoria no se trató de una estafa piramidal. Explicó que no necesariamente cada damnificado era cooptado para acercar a otros potenciales afectados. Sostuvo que el ardid se develaba cuando cada usuario decidía retirar los réditos del dinero invertido o la totalidad del mismo. En esos momentos, según el dictamen, recibían excusas como la necesidad de integrar pagos para liberar los activos, la solicitud de nuevas transferencias para cubrir presuntos impuestos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) o el abono de honorarios para intermediarios financieros.
Para el fiscal, esos pretextos operaban como estímulo para que las víctimas continuaran ingresando sumas en la plataforma.
Según el expediente judicial, la organización habría comenzado a operar a mediados de 2023.
En la presentación ante el juez Bonanno se afirmó que es factible dimensionar la escala y extensión del daño producido, la afectación a intereses legítimos y a diversos bienes jurídicos, principalmente la propiedad, pero también el orden público, la fe pública, el orden económico y financiero e, inclusive, la administración de justicia.
Al inicio de la investigación, Madrea solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Poco después se conoció la existencia de una causa más avanzada en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Ufecyed) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola.
En mayo pasado, ante la cantidad de casos registrados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y por propuesta de Rivarola, los fiscales intervinientes establecieron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir la evidencia obtenida, aunar criterios probatorios y promover una tutela judicial efectiva para víctimas de territorios distantes, según fiscales.gob.ar. El ECI está integrado por Rivarola, Madrea, el fiscal coordinador de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Oeced) de Córdoba, Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe; el fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe —sede Rosario—, Matías Ocariz; y la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos del Departamento Judicial de San Martín, Andrea Andoniades.
Rivarola determinó la existencia de una asociación ilícita dedicada a estafas reiteradas con conexión virtual en todo el país. Según la descripción del caso, la organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales, los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto personal de la academia y les adjudicaban la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web EquiQuant Capital y, guiadas por los asesores, transferir dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales. Cuando pretendían recuperar la inversión y las ganancias, les solicitaban nuevos pagos bajo múltiples excusas.
En su dictamen, Madrea sostuvo que parte de los investigados aportó la infraestructura societaria y bancaria para el funcionamiento de la organización; otros se hicieron cargo del control operativo de cuentas de correo electrónico o billeteras digitales; y un tercer grupo intervino en la circulación y reconversión de los fondos mediante la compra de criptoactivos o mecanismos de intermediación y arbitraje financiero no autorizados. El fiscal mencionó datos objetivos como registros de IP, uso de correos electrónicos Gmail, líneas telefónicas a nombre de los implicados, inicios de sesión en domicilios vinculados a ellos, percepción de beneficios económicos directos y transferencias a terceros.