Habida cuenta del nivel de sus dietas, correspondería que nuestros legisladores no descuidaran ninguna de las funciones que les son propias y que el voto popular les ha delegado. La Comisión Bicameral de la Niñez, que hasta el 6 de marzo de este año no se había integrado, debía convocar a concurso para cubrir la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con una anticipación de 180 días al vencimiento de mandatos, según fija con claridad el reglamento. Pero no ocurrió.
El cargo de defensor del niño fue creado por ley en 2005 para la protección de los derechos de los menores con la amplitud y el alcance que contemplan nuestra Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales. Inexplicablemente, a pesar de los reclamos de distintos sectores, permaneció vacante durante 14 años. Luego de un concurso que demoró dos años, en 2020, juró la doctora Marisa Graham, especialista en derecho de familia y exdirectora de Niñez y Adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, luego de ser seleccionada por la comisión bicameral y designada por ambas cámaras del Congreso por un plazo de cinco años. El nombramiento había avivado controversias, no por su capacidad técnica y profesional, sino por haber sido contraria a reconocer el más elemental de los derechos: el derecho a la vida de las personas por nacer. El claro sesgo ideológico y la falta de equidad de la representación en la comisión habían conducido al nombramiento. Los razonables cuestionamientos de un sector defensor de la vida que proponía revisar la elección no tardaron en llegar, por cuanto el mismo Congreso que el año anterior había rechazado un proyecto de ley de interrupción del embarazo pasaba a aprobar tan polémica designación.
El 28 de febrero pasado habían vencido los mandatos de Graham y su adjunto, Facundo Hernández, autoprorrogados mediante una modificación del reglamento interno que terminó impugnada. Organizaciones de la sociedad civil exigieron entonces la conformación de la bicameral y que se garantizara el funcionamiento de la Defensoría nombrando nuevas autoridades o prorrogando los mandatos. A fines de mayo, el oficialismo logró desplazar a Graham tras una desprolija reunión de la bicameral que no logró consensos. Mediante una cautelar, las organizaciones de la sociedad civil pidieron que, ante una virtual acefalía, se designara un nuevo titular. Pero no ocurrió.
El concurso público de antecedentes y oposición para la elección de nuevas autoridades se inició días atrás. Se trata de un proceso que debería durar tres meses según el reglamento. La anómala acefalía implica el riesgo de paralizar el seguimiento de políticas públicas oportunamente aprobadas. La tarea del organismo se vincula con expedientes judiciales, amparos que involucran a muchos niños. Entre otras tareas, el año pasado, el ente autárquico monitoreó más de 500 comedores comunitarios de todo el país y enfrentó el reclamo de más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación.
La custodia y protección de quienes más lo necesitan demandan normalizar lo más rápidamente posible la situación, asegurando la difusión de toda la información sobre el concurso y asegurando la participación de la sociedad civil en un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos, que imponga también racionalidad en la asignación de los recursos.