El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra en una situación legal incierta mientras acumula denuncias en distintos fueros. Según información confirmada a este medio, el funcionario aún no ha designado a un abogado que lo represente ante la Justicia Federal y la Oficina Anticorrupción, donde pesan siete presentaciones en su contra.
La búsqueda fallida de un defensor
Consultada por este medio, la Casa Rosada intentó despejar la incógnita sobre la defensa legal de Adorni. En un primer momento, se mencionó al abogado y exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari como el elegido. Sin embargo, minutos después se rectificó esa información, aclarando que Ferrari no tomará el caso y que la búsqueda de un letrado continúa.
Desde el estudio jurídico de Ferrari explicaron que la especialización del profesional se centra en derecho comercial y empresarial, no en materia penal, razón por la cual declinó la oferta. La consulta del oficialismo, según pudo saberse, no solo estaba vinculada al caso Adorni, sino también a la situación de otra persona involucrada en las investigaciones.
El detalle de las acusaciones
La diputada nacional Marcela Pagano es una de las principales denunciantes. Sus presentaciones judiciales abarcan tres líneas de investigación. La primera se refiere al uso del avión presidencial por parte de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, durante un viaje a Estados Unidos.
La segunda acusación apunta a un presunto enriquecimiento ilícito, cuestionando el patrimonio del jefe de Gabinete e indagando sobre el uso de un jet privado para un viaje a Punta del Este durante el último carnaval. La tercera y más amplia denuncia describe una serie de contrataciones estatales consideradas sospechosas, incluyendo el proceso de concesión de Tecnópolis.
Vínculos bajo la lupa
En el marco de estas investigaciones, aparece el nombre de Mara Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia y cercana a Karina Milei. Según la denuncia, la consultora +BE, propiedad de Angeletti, tiene entre sus clientes al Grupo Foggia, vinculado al empresario Marcelo Dionisio, señalado como pareja de Gorini.
El escrito judicial sostiene que este mismo grupo empresarial se habría asociado con DirecTV Argentina S.A., una de las firmas preseleccionadas en la licitación para la concesión de Tecnópolis. Este proceso depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que responde a la Jefatura de Gabinete.
Otras contrataciones cuestionadas
Pagano también solicitó la investigación de otras licitaciones, como un servicio de mensajería masiva adjudicado a la empresa ATX S.A., donde también participaron las firmas Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. La legisladora describe conexiones entre sus directivos y coincidencias de domicilios, planteando dudas sobre una posible simulación de competencia.
Suma a esto otras contrataciones de servicios de SMS y correos electrónicos que involucran a empresas del mismo grupo, junto a Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A., estas últimas vinculadas a la familia Bidone.
Denuncias adicionales
A las presentaciones de la diputada se agrega otra denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, centrada específicamente en el uso del avión presidencial. El escrito subraya que se trató de una persona sin función pública que utilizó una aeronave destinada a actividades institucionales, y solicita determinar quién autorizó el traslado.
La situación legal del jefe de Gabinete se complejiza en un contexto donde el Gobierno ha reforzado su respaldo político al funcionario, mediante conferencias de prensa y declaraciones públicas de altos cargos del Ejecutivo. Sin embargo, el terreno judicial permanece como un frente abierto y sin defensa formal constituida.