La reforma de la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado el pasado febrero, generó una nueva controversia en la Cámara de Diputados tras la realización de una audiencia pública cuestionada. La diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria) realizó duras críticas al proceso, afirmando que se trató de una «simulación» que vulneró normas fundamentales.
Denuncias sobre el procedimiento
Según Selva, la convocatoria adoleció de graves vicios desde su inicio. La legisladora destacó que, pese a superar los 100.000 inscriptos para participar, solo se habilitó la exposición de aproximadamente 200 personas, seleccionadas mediante un criterio que no fue transparentado. «El oficialismo que convocó arrancó cercenando la participación», sostuvo la diputada en declaraciones a medios nacionales.
Además, denunció que se manipuló el listado de expositores y que incluso se intentó modificar la modalidad de participación de algunos inscriptos, cambiando su intervención oral por una ponencia escrita, lo que, a su juicio, incumple lo establecido por el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.
Un contraste con experiencias anteriores
Selva contrastó este proceso con otras audiencias públicas de alto impacto realizadas en el pasado, como las extensas discusiones por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o los debates por aumentos tarifarios. «Hay experiencias anteriores que arrancaron con lo más importante: garantizar la participación», remarcó.
La diputada subrayó la masiva respuesta ciudadana a la convocatoria, interpretándola como un reflejo de la importancia del debate, donde «está en riesgo nada más y nada menos que el agua de todos los argentinos». Sin embargo, consideró que esa voluntad de participación fue sistemáticamente obstaculizada.
Un vicio sobre otro vicio
Uno de los puntos centrales de la crítica radica en la cronología del proceso legislativo. Selva recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, la audiencia pública debió realizarse antes de que el proyecto obtuviera la media sanción en la Cámara Alta. Al convocarse con posterioridad, se intentaría «subsanar un vicio inicial incurriendo en otra nulidad», que es la simulación de la audiencia misma.
La política también rechazó lo que describió como una «falsa dicotomía» instalada por el oficialismo, que plantearía el debate como una elección entre el desarrollo minero y la protección ambiental. «Uno no puede pensar en desarrollo sin algo fundamental como el agua», argumentó.
Incertidumbre y presión
Consultada sobre el posible desenlace de la reforma, Selva admitió la existencia de un fuerte «lobby» y la influencia de gobernadores sobre algunos legisladores. La situación, según su visión, es alarmante por la forma en que se avanza en la modificación de una ley de presupuestos mínimos ambientales, considerada clave para la protección de las reservas hídricas del país.
Las críticas a la organización de la audiencia no fueron exclusivas de Selva. Otras voces, como la de la exdiputada Marta Maffei, coincidieron en señalar fallas graves en la logística y el desarrollo del evento, sumando más cuestionamientos a un proceso legislativo que promete seguir generando debate en las próximas semanas.