A menos de 24 horas de la masiva marcha federal, el Máximo Tribunal confirmó que el expediente está en condiciones de ser tratado, aunque no hay plazos para un fallo.
Voceros de la Corte Suprema confirmaron a PERFIL que la causa por el financiamiento universitario llegó “formalmente” al tribunal y que ya se encuentra en condiciones de resolver el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra la medida cautelar que beneficia al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Si bien desde este miércoles el expediente está en los despachos de los jueces, el Máximo Tribunal no tiene plazo para expedirse. Algunos sectores especularon con que pueda haber una sentencia en el acuerdo previsto para este jueves, pero los voceros consultados no pudieron precisar una fecha.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió a la cuestión de los plazos en X: “En 2021, en plena pandemia, la Corte Suprema resolvió en tan solo 18 días declarar inconstitucional el DNU 241/2021 que suspendía las clases presenciales en el AMBA. ¿Cuánto tiempo se tomará ahora para resolver el recurso del Gobierno para evitar cumplir la medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, y becas estudiantiles, hasta la sentencia definitiva sobre el Decreto 759/2025?”.
En diálogo con PERFIL, Gil Domínguez consideró que si la Corte avala el recurso del Gobierno “se transforma en cómplice de las políticas libertarias”. “Solo en una autocracia ocurre que un presidente a través de un decreto suspende una ley. El Ejecutivo, a diferencia del Congreso, no puede hacer esto”, explicó.
El recurso en estudio contempla las justificaciones del Gobierno para no aplicar los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, por considerar que provocan un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal.
La Ley de Financiamiento Universitario (27.757) se sancionó en 2024 y fue vetada ese mismo año. Al año siguiente volvió a aprobarse en ambas cámaras, fue nuevamente vetada y finalmente ratificada en octubre pasado. Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que ubica a Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior.