Más de 1.300.000 hectáreas del territorio nicaragüense fueron entregadas en concesión a empresas chinas en los últimos tres años, según denuncias del exvicepresidente del país.
En octubre de 1979, tras la revolución triunfante, el gobierno de Nicaragua nacionalizó las minas. El decreto se anunció en Siuna, localidad del Caribe, frente a una asamblea de mineros misquitos, sumos, creoles y emigrados del Pacífico que se congregaron en el cine del pueblo. En Siuna, parte del triángulo minero junto con Rosita y Bonanza, operaba uno de los mayores planteles, propiedad de la Rosario Mining Company.
Durante la dictadura de Somoza, las empresas mineras funcionaban como enclaves, al igual que las bananeras en Centroamérica. Según archivos de la Rosario Mining, se hallaron dos expedientes: uno con el récord laboral de José Villarreina, minero misquito fallecido por el golpe de un balde transportador, a quien la empresa envió una carta de despido tras su muerte fechada el 13 de julio de 1979. El otro expediente contenía comprobantes de pagos al dictador Anastasio Somoza García: un cheque por $10.735,00 correspondiente a comisiones por cada kilo de oro embarcado entre julio y diciembre de 1951.
Actualmente, según declaraciones del escritor y exvicepresidente de Nicaragua, las antiguas empresas estadounidenses fueron reemplazadas por compañías chinas. En tres años, el gobierno actual habría otorgado concesiones a 16 empresas chinas por más de 1.300.000 hectáreas, equivalentes al 10% de la superficie del país. El exvicepresidente afirmó que estas concesiones se realizaron sin estudios de impacto ambiental y en violación de leyes que protegen a comunidades indígenas.
El oro se ha convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua, con cerca de 2.000 millones de dólares en 2025, y su primer mercado es Estados Unidos. Las empresas chinas también explotan plata y compran tierra aurífera que ingresa clandestinamente desde Costa Rica, donde la minería a cielo abierto está prohibida por sentencia judicial. Las autoridades costarricenses estiman el contrabando en 125 millones de dólares anuales.
Además del oro, las compañías chinas buscan explotar cobre, plomo, cobalto, uranio, litio, molibdeno, tungsteno, zinc, cromo y níquel, considerados minerales estratégicos en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Gran parte de las concesiones se ubican en selvas protegidas y reservas de la biosfera habitadas por comunidades ancestrales.