Gabriel Mizzau, contador del exmagistrado Marcelo Bailaque y del narcotraficante Esteban Alvarado, aceptó su culpabilidad y firmó un acuerdo de colaboración. Es el tercer arrepentido en la causa que acerca a Bailaque al juicio oral.
ROSARIO.– Gabriel Mizzau, contador que trabajó simultáneamente para el exjuez federal Marcelo Bailaque y para el narcotraficante Esteban Alvarado, aceptó su culpabilidad y se presentó como imputado colaborador durante la audiencia de control de acusación contra el exmagistrado. La información fue confirmada por el fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias.
Mizzau suscribió horas antes un acuerdo en el que reconoció su responsabilidad y se comprometió a aportar información relevante a cambio de una reducción de pena, conforme al artículo 41 ter del Código Penal. Según Iglesias, “Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos”.
La causa se originó luego de que el 11 de junio de 2024 se revelara que Bailaque compartía contador con Alvarado, y que el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4 a cargo de Bailaque. Ese juzgado tenía a su cargo una pesquisa por lavado de dinero contra Alvarado.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por asesorar contablemente a empresas pantalla de Alvarado, como Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra. Al mismo tiempo, llevaba las cuentas personales de Bailaque.
Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Renunció a su cargo en junio de 2025 y quedó detenido en su domicilio desde el 1 de julio de ese año.
Mizzau es el tercer imputado colaborador en la causa. Antes se presentaron Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, y el financista Fernando Whpei. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari solicitaron en febrero de 2026 una pena de 10 años de prisión para Bailaque, cinco años de inhabilitación especial, cinco años de inhabilitación absoluta y multas.
La acusación señala que entre 2013 y 2019 Bailaque demoró o rechazó intervenciones telefónicas solicitadas por la fiscalía contra Alvarado, lo que permitió al narcotraficante consolidar su poder criminal. Alvarado fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.