El país descendió a la categoría 5 del Índice Global de los Derechos 2026, el nivel más bajo, elaborado por la Confederación Sindical Internacional.
La Argentina ingresó este año al grupo de los diez peores países del mundo para los trabajadores tras descender a la categoría 5, el nivel más bajo de la clasificación elaborada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la mayor central sindical global.
Así surge del Índice Global de los Derechos 2026, un relevamiento que analiza la situación laboral en 151 países a partir de 97 indicadores basados en convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por orden alfabético, los 10 peores países para los trabajadores en 2026 han sido: Argentina, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye.
Las calificaciones de cuatro países han empeorado: Albania, Argentina, Francia y Panamá. Por otra parte, tres países han mejorado sus calificaciones: Botswana, Reino Unido y Uruguay.
El informe de la CSI advirtió sobre un deterioro generalizado de las condiciones laborales a nivel mundial. Según el relevamiento, en el 87% de los países analizados se vulneró el derecho de huelga, mientras que en el 80% se registraron violaciones al derecho de negociación colectiva. Además, el 75% de las naciones relevadas excluyó a trabajadores del derecho a afiliarse a sindicatos y en igual proporción se obstaculizó el registro de organizaciones sindicales.
El estudio también señaló que en el 72% de los países los trabajadores tuvieron un acceso restringido a la justicia y que en la mitad de las jurisdicciones relevadas se limitaron las libertades de expresión y reunión. Asimismo, reportó casos de violencia contra trabajadores en 48 países y detenciones o arrestos vinculados a conflictos laborales en 75 naciones.
En ese contexto, la CSI sostuvo que los derechos laborales continúan deteriorándose tanto en América como en Europa, regiones donde observó un incremento de las restricciones a la actividad sindical y a la negociación colectiva.
El caso argentino
Según el informe, las condiciones para los trabajadores y las organizaciones sindicales en el país se deterioraron por segundo año consecutivo durante la gestión del presidente Javier Milei.
La CSI señaló que Argentina pasó de la categoría 3 a la categoría 5 en apenas dos años, uno de los retrocesos más pronunciados registrados por este instrumento de medición. La nueva calificación implica, según la metodología del organismo, que los derechos laborales fundamentales «no están garantizados».
De acuerdo con el informe, desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023 se impulsaron reformas y medidas que debilitaron derechos laborales, limitaron espacios de diálogo social y afectaron la negociación colectiva y el derecho a la protesta.
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó especialmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la definió como un «ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores». La central obrera sostuvo que la iniciativa se basa en una visión que considera al trabajo como un costo a reducir y no como un derecho protegido por la Constitución y los tratados internacionales.
Entre los principales cuestionamientos, el informe menciona la ampliación de los servicios mínimos obligatorios durante conflictos laborales en una mayor cantidad de actividades consideradas esenciales y la incorporación de restricciones que, según sindicatos y organizaciones laborales, reducen la capacidad de negociación de los trabajadores.
Protestas, represión y conflictos sindicales
El informe de la CSI también puso el foco en las medidas adoptadas por el Gobierno argentino respecto de las protestas sociales. Según el documento, la administración nacional otorgó mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones e incorporó mecanismos que podrían desalentar la participación en protestas, especialmente en áreas consideradas productivas.
La entidad afirmó que durante las protestas registradas en 2025 hubo más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados y dirigentes sindicales.
El documento también alude a conflictos laborales en empresas privadas y a fallos judiciales vinculados con despidos sindicales, entre ellos resoluciones relacionadas con cesantías en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La respuesta sindical y la presentación ante la OIT
Frente a este escenario, la CGT y las dos vertientes de la CTA resolvieron presentar una denuncia formal contra el Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.
La presentación contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI. Las centrales obreras sostienen que las reformas impulsadas por el Gobierno afectan la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, pilares fundamentales de los convenios internacionales de trabajo.