La Cámara Nacional de Industria estima pérdidas económicas por 2.000 millones de dólares y una caída de las exportaciones de 500 millones de dólares debido a los bloqueos en seis de los nueve departamentos de Bolivia.
Bolivia acumula más de cinco semanas de bloqueos en las principales carreteras del país. Al cierre de esta edición se registran al menos 80 piquetes en seis de los nueve departamentos, según datos oficiales.
La Cámara Nacional de Industria estimó una pérdida económica de al menos 2.000 millones de dólares y una caída de las exportaciones de 500 millones de dólares. El corte de rutas también comprometió el abastecimiento de alimentos y combustible en la sede de gobierno, cuyas vías de acceso están cerradas, y provocó el encarecimiento de productos básicos, interrupciones en el transporte público y la implementación de clases escolares virtuales.
El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde noviembre pasado, ha señalado que las demandas de algunos sectores son legítimas y ha instado al diálogo, sin que hasta el momento se haya concretado. Voceros del gobierno calificaron a otros sectores como respondientes a “intereses narcoterroristas”. Paz ha autorizado a las Fuerzas Armadas a intervenir para despejar caminos, pero aún no ha ejecutado esa orden.
La región más afectada es La Paz, capital administrativa, donde se concentraron las protestas. La politóloga Ana Lucía Velasco declaró: “En La Paz ha surgido la idea de que somos los rehenes del país, que no merecemos el trato que recibimos, tanto del gobierno como de los manifestantes”. Señaló que muchos negocios cerraron temporalmente por falta de insumos y clientes.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó: “Es un impacto enorme y nos apena mucho porque este trabajo que venimos haciendo en los últimos seis meses está siendo golpeado”.
Bolivia enfrenta una crisis económica por el desplome de la renta del gas, que pasó de 5.489 millones de dólares anuales a menos de 1.700 millones en poco más de una década. Persisten problemas como escasez de divisas, inflación y déficit fiscal.
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó: “Cuando el país se mostraba bastante atractivo para la inversión nacional y extranjera (…) estos desmanes están consiguiendo que nuevamente el riesgo país vaya en aumento”. Estimó que la contracción económica será mayor al 3% previsto por el Banco Mundial y el FMI, y agregó: “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”.
La politóloga Susana Bejarano sostuvo que el gobierno saldrá “tremendamente golpeado” porque las protestas marcaron un quiebre con las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales, y también con la población conservadora y las clases medias. Agregó: “El presidente queda muy debilitado, ha roto su relación de forma terminal con el bloque popular y no logra representar a la derecha y ultraderecha, donde el líder sigue siendo el excandidato Jorge Quiroga”.
Bejarano observó una rearticulación de las organizaciones sociales que habían estado divididas durante el último ciclo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2025). Señaló: “El movimiento popular viene de un momento de mucho desprestigio y absoluta desarticulación” y advirtió que el conflicto actual llevó a estas organizaciones a sentarse en la misma mesa en torno a una agenda común.
Mario Argollo, dirigente de los obreros sindicalizados, declaró en una entrevista en el canal RTP: “El gobierno tiene que gobernar para los ricos y para los pobres”. En respuesta, la administración de Paz anunció la creación de un Consejo Económico y Social de carácter consultivo.
Analistas coincidieron en que Bolivia atraviesa un momento de transición entre el ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda y uno nuevo. Ana Lucía Velasco advirtió: “Te puedes quedar años en esta situación donde no pasa nada, se puede estar décadas. Hay países que se han quedado suspendidos en el tiempo porque no han podido desempatar nunca y la gente se acostumbra a vivir así”.