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Illinois exigirá mostrar el precio final desde el inicio de la compra a partir de 2027

El gobernador JB Pritzker promulgó una ley que obliga a las empresas a exhibir el costo total, incluidos cargos obligatorios, desde la primera oferta comercial. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

A partir del 1 de enero de 2027, los consumidores de Illinois deberán ver el precio final de un producto o servicio desde el inicio del proceso de compra, según lo establece una ley firmada por el gobernador JB Pritzker. La normativa busca eliminar los denominados «junk fees» o cargos ocultos que las empresas agregan durante las últimas etapas de la transacción.

De acuerdo con información del Chicago Sun-Times, la ley exige que el precio mostrado incluya todos los cargos obligatorios, como tarifas de servicio, procesamiento, conveniencia u otros recargos que hasta ahora solían aparecer solo al momento del pago.

La medida abarca distintos sectores: venta de entradas para conciertos y espectáculos, reservas de hoteles, pedidos mediante plataformas de entrega de comida, compras por internet y alquileres temporarios que cobren cargos adicionales obligatorios. En el caso de plataformas de reparto y transporte, todos los costos y tarifas deberán aparecer desglosados antes del último paso de la compra.

Durante la firma de la ley, Pritzker declaró: «Estamos hablando de cargos ocultos, de escasez artificial, de productos financieros abusivos y de esquemas de venta de entradas que hacen que una simple salida familiar resulte más difícil y mucho más cara».

Además, el paquete legislativo incluye la prohibición del uso de programas automatizados (bots) para adquirir grandes cantidades de entradas destinadas a la reventa, y establece que los revendedores deberán contar efectivamente con las entradas antes de ofrecerlas al público.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill firmó la Orden Ejecutiva 19, que instruye a las agencias estatales a revisar las industrias bajo su supervisión para identificar junk fees, evaluar su impacto y presentar recomendaciones legislativas. Sherrill afirmó: «Estos cargos alimentan la crisis de asequibilidad para las familias y socavan la confianza en los precios que los consumidores ven anunciados».

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