La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una estructura financiera paralela vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, movió más de 3.075 millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones cambiarias por más de 1.386 millones de dólares.
La fiscal general, Ernestina Godoy, reveló el 16 de julio la investigación que llevó a la detención del exmandatario en Ensenada, Baja California. Según la FGR, los patrones de movimiento en las cuentas bancarias eran “incompatibles con la actividad económica reportada” por las empresas involucradas.
El daño estimado al erario supera los 4.000 millones de pesos, derivado de 4.238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025 por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La FGR rastreó 80 cuentas puente, que funcionan como eslabones en una cadena financiera: el dinero entra y se transfiere rápidamente, manteniendo saldos mínimos, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos. La reconstrucción del entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales y relaciones corporativas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La empresa central del esquema es Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel, que recibía los ingresos del contrabando y los canalizaba hacia firmas extranjeras a través de transferencias internacionales, en un mecanismo calificado por la FGR como “indicios de triangulación de recursos”.
En septiembre de 2025, Ruffo Appel reconoció su vínculo con Ingemar en una entrevista con Grupo Fórmula y atribuyó la difusión de su nombre a una filtración de información. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que las investigaciones involucraban a “un ex gobernador del PAN”.
Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran socios de las empresas vinculadas, operadores logísticos y servidores públicos. Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.