La Fiscalía colombiana investiga el asesinato de Élmer Fernández, exdirector del penal La Modelo en Bogotá, ocurrido el 16 de mayo de 2024, y su posible vínculo con una red de corrupción que habría eliminado registros oficiales de traslados de internos.
El 16 de mayo de 2024 fue asesinado Élmer Fernández, quien tras retirarse de la Policía Nacional se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo, en Bogotá. Según el informe oficial de las autoridades, el crimen ocurrió cuando Fernández viajaba como copiloto en un vehículo gris que fue interceptado por sicarios en motocicleta. Antes del hecho, Fernández había recibido amenazas relacionadas con decisiones que había tomado sobre los controles en el centro penitenciario.
La Fiscalía inició una investigación bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante la sospecha de que el asesinato estaría vinculado a irregularidades en traslados de internos y posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. Desde entonces, se han tomado declaraciones juradas de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y se han revisado documentos sobre movimientos de personas privadas de la libertad. También surgieron denuncias sobre la desaparición de registros oficiales, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de decisiones administrativas.
Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas como responsables materiales del crimen. Las investigaciones continúan para determinar la existencia de autores intelectuales y posibles vínculos con redes de corrupción carcelaria.
Dos años después del crimen, Noticias RCN publicó un informe que menciona la posible existencia de una red delictiva al interior del Inpec que se encargaría de desaparecer documentos. Según el medio, el esquema irregular estaría relacionado con traslados de reclusos, y la Fiscalía investiga si también tendría injerencia en cambios de traslados o decisiones similares sobre el sistema penitenciario.
Durante la investigación, un funcionario del Inpec declaró que todo traslado debe incluir un registro del archivo con el que se tomó la decisión, y que al interior de la entidad han recibido pagos para que las resoluciones sean eliminadas o modificadas, alterando el destino del recluso. “Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución”, indicó el funcionario en declaraciones difundidas por Noticias RCN.
Con este hallazgo, la Fiscalía deberá establecer si existió conexión entre el asesinato de Fernández y la presunta red delictiva. Las autoridades manejan como hipótesis una irregularidad en un traslado y la pérdida de dinero. El objetivo principal es descubrir quién ordenó el homicidio.
De manera oficial, la Fiscalía informó que el caso sigue siendo investigado por miembros de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes han adelantado pesquisas, incluyendo las declaraciones de funcionarios activos del Inpec. La Fiscalía ha reunido varios elementos de prueba, aunque se ha reportado la desaparición de documentos clave y la ausencia de registros físicos de posibles sospechosos, lo que representa un obstáculo para el avance del caso. Las autoridades intentan esclarecer cómo se tomaron decisiones administrativas, qué sucedió con algunos traslados de internos y por qué ciertos registros oficiales dejaron de existir tras el asesinato.