La abogada de inmigración Karla Navarrete explicó que el parole in place puede otorgar estatus legal temporal y abrir un camino hacia la residencia permanente para padres de militares en servicio activo. El caso de un cliente con un hijo en el Ejército fue admitido a audiencia para 2027.
El parole in place puede ofrecer un estatus legal y habilitar un camino hacia la green card para algunos padres de militares en servicio activo, según explicó Karla Navarrete, abogada de inmigración. La especialista utilizó esta vía para defender a un hombre que reside en Estados Unidos desde hace décadas y cuyo hijo pertenece al Ejército.
La figura del parole in place otorga un estatus legal temporal a familiares indocumentados que se encuentran dentro del país sin haber pasado por una inspección de entrada. En este caso, Navarrete planteó esa alternativa ante un tribunal de Santa Ana, California, y solicitó que el juez y el gobierno federal analizaran si su cliente reunía las condiciones para acogerse al beneficio.
El juez aceptó el planteo y programó una audiencia para comienzos de 2027. La fijación de la nueva instancia permite que el trámite continúe, pero no concede el parole in place ni autoriza la residencia permanente. En la próxima comparecencia, la Justicia determinará si el hombre cumple los criterios correspondientes.
Navarrete comparó los plazos actuales con los de años anteriores. Según declaró al diario Los Angeles Times, “en otra época, este caso se habría resuelto en seis meses”, mientras que ahora el solicitante deberá esperar hasta el próximo año. También describió las dificultades que enfrentan quienes tienen una posible vía legal para regularizar su estatus: “Ahora todos están en la cuerda floja”, afirmó. Agregó que “casi ninguno de los clientes tiene un caso ganador con base en la ley actual”.
Navarrete, de 42 años y madre de cuatro hijos, atiende asuntos migratorios seis días por semana. Su madre, originaria de México, obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante la amnistía de 1986. Su primer esposo, en cambio, atravesó dificultades durante años para conseguir una condición legal.
Según su relato, su ejercicio profesional cambió después de un operativo realizado en junio de 2025 en Ambiance Apparel, dentro del Distrito de la Moda de Los Ángeles. Hasta ese momento, gran parte de sus clientas eran mujeres que solicitaban una visa U, un permiso que ofrece protección legal a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades. Después de las redadas, comenzó a representar con mayor frecuencia a personas sujetas a procedimientos de expulsión, en su mayoría hombres de mediana edad.
La letrada definió al sistema como “una fábrica de deportaciones” en la que sus patrocinados fueron colocados “en cohetes a toda velocidad”. También sostuvo que el funcionamiento actual responde a “una plantilla de deportación” que considera “fundamentalmente injusta”.